En el inicio del debate en comisiones, el Gobierno desestimó las advertencias de riesgos por prematuras.
Latorre acudirá por el Gobierno el próximo lunes a otra reunión del plenario de comisiones por San Jorge.
Leonardo Fernández, director de Gestión Ambiental.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza Con la presencia del gabinete de Ambiente y Energía del Gobierno arrancó este lunes el plenario de comisiones para discutir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de oro y cobre San Jorge. Referentes de la oposición presentes dieron por descontado que el oficialismo logrará que se apruebe por la mayoría en ambas cámaras y la ministra Jimena Latorre, desde Abu Dhabi, exhortó: "La decisión que tienen que tomar no es técnica, es política".
El oficialismo se limitó a repetir los argumentos con los que impulsa el proyecto desde que se reactivó -que van en sentido opuesto al que tuvo la UCR hace 14 años, cuando boicoteó San Jorge cuando lo impulsaba Francisco Pérez-: defendieron su "sustentabilidad" social y ambiental al tiempo que desestimaron las advertencias de riesgos de contaminación de cuencas y del aire por prematuras.
Latorre volverá a la comisión en forma presencial el próximo lunes.
Ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, PSJ Cobre Mendocino pretende explotar el oro y el cobre bajo la montaña de Uspallata. Es uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. Su producción apunta a insumos críticos para las llamadas "tecnologías limpias" y para la "transición energética global". Todo el extracto de cobre que se saque será enviado al exterior para su procesamiento, en containers que saldrán por las rutas mendocinas hacia puertos chilenos.
El envío de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, oficializado por la Resolución Nº 405/2025, abre otra vez el capítulo de una discusión legislativa que ya recibió un contundente rechazo en 2011 por 44 votos en contra, incluidos los peronistas del oficialismo, y 4 ausentes. La resistencia social hacia el proyecto es persistente pero la lectura oficialista tradujo respaldo en las urnas como “licencia social” para avanzar con la extracción de oro y cobre a gran escala, o megaminería, aún en el valle de Uspallata.
Jerónimo Shantal, director de Minería, destacó que el expediente llega al recinto tras un proceso de nueve meses que incluyó una "Audiencia Pública con participación histórica, con 16 dictámenes sectoriales, informes técnicos de la Autoridad Ambiental Minera y de la Universidad Nacional de Cuyo, además del análisis de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera y del Consejo Provincial del Ambiente".
Por otro lado, el funcionario destacó la participación de comunidades Huarpes de Uspallata, aunque omitió en este punto que las mismas rechazaron el proyecto en un extenso documento y advirtieron que acudirán a instancias internacionales. "El proceso no está cerrado", aseguró Shantal sobre la participación.
La DIA de San Jorge separó las etapas de construcción, operación, cierre y post-cierre del proyecto. Entre los instrumentos previstos que destacó el Gobierno figuran: la Unidad de Gestión Ambiental (UGA–PSJ), el Fondo Socioambiental y de Compensación Ambiental, el Programa de Monitoreos Participativos y comunitarios de agua, el Informe de Sostenibilidad ESG, obligatorio y anual.
En la comisión el Ejecutivo destacó que se- va a incorporar un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. "Va a haber una cámara que vigila todo el tiempo el dique de colas", remarcó Leonardo Fernández, director de Gestión ambiental.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, intervino vía Zoom para remarcar que la discusión legislativa será “una decisión política sobre un informe técnico”. Subrayó que cada provincia posee su propio Código de Procedimiento Minero y que, por lo tanto, las DIA no son comparables entre jurisdicciones. También respondió a propuestas sobre el cierre de minas, recordando que la normativa vigente ya prevé requisitos para esas etapas.
Shantal, por su parte, defendió el nivel técnico y ambiental alcanzado en Mendoza: “No tenemos nada que envidiarle a Chile. Estamos en un nivel mucho más superior”, dijo, respondiendo a las dudas de la diputada Gabriela Lizana (FR) como la impermeabilización de depósitos de residuos y el cierre de las minas.
Lizana anticipó: "Me gustaría votar a favor pero quiero estar convencida". Luego cuestionó que no se haya planificado un proceso de cierre y post-cierre y dijo que en la legislación comparada, por ejemplo con Chile, "esta DIA no se hubiera aprobado".
José Luis Ramón por su parte, hizo cuestionamientos sobre los datos de el dinero que va a dejar San Jorge a la Provincia, pero la ministra Latorre refutó que se discutirán en otra instancia, que no es la de la DIA.