Hoy se hace la audiencia pública en Malargüe, el Gobierno de Cornejo pidió avanzar en la búsqueda de cobre pese a las objeciones del Ianigla.
El Gobierno de Mendoza pidió avanzar con la busqueda de cobre en Malargüe pese a las objeciones del Ianigla.
Después de que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) presentara su dictamen con advertencias por la presencia de glaciares y ambientes periglaciares en la zona donde se quiere extraer cobre en Malargüe, el Gobierno de Mendoza respondió punto por punto, defendiendo la metodología utilizada y justificando la progresión de los estudios ambientales.
En concreto, el Ejecutivo pidió aprobar la Declaración de Impacto Ambiental, cuya audiencia pública se hará hoy en Malargüe, y prometió brindar la información faltante y corregir los errores más adelante, con la DIA aprobada.
Estas fueron las respuestas del oficialismo a las objeciones de la DIA:
Desde la administración provincial señalaron que el documento presentado correspondía a una primera etapa de prospección de bajo impacto, asegurando que los detalles específicos y las validaciones de campo se desarrollarían en fases posteriores, una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Este argumento buscaba contrarrestar la crítica del IANIGLA sobre la generalidad del informe, que los especialistas consideraban insuficiente para evaluar posibles afectaciones a los ecosistemas frágiles.
Respecto a la delimitación de los ambientes periglaciales, el gobierno defendió el uso del Inventario Nacional de Glaciares, complementado con la aplicación de un buffer de 500 metros como medida precautoria.
Aunque esta distancia generó cuestionamientos entre los expertos, la administración sostuvo que su fundamento se basaba en estudios de dispersión de material particulado y que sería reevaluada en campo más adelante.
Otro de los puntos señalados por el IANIGLA fue la calidad de los datos climáticos, ya que el informe gubernamental utilizó información de estaciones meteorológicas distantes de la zona de exploración, como las de Malargüe.
En respuesta, el Gobierno explicó que más adelante se incorporarían sensores portátiles y estaciones móviles para obtener datos específicos de la zona de exploración.
El impacto del polvo y el carbono negro en los glaciares también fue motivo de objeciones por parte del IANIGLA.
Mientras los especialistas del CONICET advertían sobre los posibles efectos negativos, el Ejecutivo minimizó el riesgo, asegurando que las actividades previstas generaban poco tránsito vehicular y que ya se habían presentado cálculos de dispersión en un anexo técnico.
La validación de cuerpos de hielo no inventariados fue otra de las preocupaciones planteadas. Aunque el IANIGLA destacó la necesidad de realizar relevamientos de campo, el Ejecutivo aseguró que dichos estudios serían llevados a cabo una vez que la DIA fuera aprobada.
Además, la caracterización geomorfológica del área de exploración recibió críticas por su falta de detalle.
Frente a esto, el Gobierno explicó que las restricciones legales impedían realizar estudios in situ en esta etapa, pero que la información sería complementada con datos de campo en fases posteriores.
Otro aspecto fundamental fue el análisis de las vegas altoandinas, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio hídrico.
Si bien el informe mencionaba una identificación preliminar con imágenes satelitales, los especialistas insistieron en la necesidad de evaluaciones más exhaustivas en campo, algo que el Gobierno afirmó que se llevaría a cabo más adelante.
El análisis del impacto en nacientes de ríos también fue cuestionado por el IANIGLA, que advirtió la falta de una evaluación específica, teniendo en cuenta que las nacientes afectan a comunidades aguas abajo.
El Gobierno afirmó que los relevamientos pertinentes se realizarán tras la aprobación de la DIA.
Finalmente, la aprobación de proyectos en ambientes periglaciales fue un tema de especial debate. Mientras los expertos recomendaron evitar cualquier emprendimiento en estas zonas sensibles, el Gobierno defendió la continuidad de los proyectos, argumentando que en esta etapa no correspondía rechazar iniciativas y que se aplicarían medidas precautorias ajustables según los relevamientos en terreno.
Esta es la respuesta del Gobierno al IANIGLA: