El índice de inflación motivó a los gremios a pedir nuevas negociaciones paritarias. El Gobierno rechazó la propuesta del SUTE.
Gustavo Correa y Carina Sedano, miembros del SUTE.
Los gremios se envalentonaron en pedir reapertura de paritarias luego de conocerse el índice de inflación de marzo. Los sindicatos que ya firmaron, se aseguraron incrementos del 7% para marzo, del 2,5% para abril, del 2% para mayo y del 1,5% para junio. De hecho, un sindicato metió una nota para ser convocado.
Se trata del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) que le "solicitó a la Subsecretario de Trabajo y empleo la convocatoria urgente a paritaria salarial, a la luz de los anuncios nacionales y la modificación de las variables macroeconómicas". Según expresaron, en el último acuerdo paritario que fue el 21 de febrero de 2025, pidieron incluir una cláusula compromiso para adelantar la paritaria salarial del mes de junio si las variables se modificaban considerablemente.
Desde el poder Ejecutivo provincial no coinciden con el análisis del sindicato y rechazaron una convocatoria según se lo hicieron saber por escrito el miércoles. "No se han verificado hasta el momento diferencias significativas en las variables macroeconómicas consideradas al momento de formularse la propuesta de incremento salarial", dice uno de los extractos de la nota.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, presentó la reapertura de Comisión Negociadora correspondiente al sector de los profesionales que representa, porque considera que hay una "profunda y sostenida pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la canasta básica".
Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, aseveró que “también requerimos que incluyan en la agenda de discusión, la actualización del Régimen 38, entendiendo que su adecuación resulta imprescindible para garantizar condiciones laborales más justas y equitativas, en consonancia con las responsabilidades y funciones que dicho régimen implica".
“Consideramos de suma urgencia poder avanzar en una instancia de diálogo que permita revisar y actualizar los términos salariales y laborales vigentes, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los profesionales implicados”, agregó Iturbe.
El gremio asegura que tiene en cuenta el "compromiso asumido por el gobernador Alfredo Cornejo, tras haber firmado el acta acuerdo del 13 de marzo, en la que expresa que, si las variables macroeconómicas difirieran significativamente de las tomadas en consideración al momento de efectuar la propuesta del incremento, las partes se reunirían con antelación, para recomponer la pérdida del poder adquisitivo, conforme a las actuales circunstancias".