La reunión por paritarias entre el Gobierno y el sindicato conducido por Ricardo Babillón iba a firmar el miércoles, pero se postergó al lunes.
Proponen reducir la feria judicial tanto en enero como en julio.
Santiago TaguaLas negociaciones paritarias que lleva adelante el Gobierno provincial con los gremios estatales han acumulado varias actas avalando el ofrecimiento de incremento salarial. La Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales que lidera Ricardo Babillón se iba a sumar a ese lote gremial, pero la falta de un acta demoró la rúbrica que iba a hacerse el miércoles.
"Faltaba un acta de la Corte", le dijo el titular del sindicato a El Editor. Fuentes judiciales indicaron que esa acta complementaria tenía que ver con temas no salariales: "Ellos querían firmar ahí un acta complementaria que les asegurara que no iban a haber sanciones administrativas o penales contra el personal. No podés ejercer como paritario esa voluntad".
En la reunión se planteó la falta de competencia del representante paritario para avalar lo que el gremio pedía. La intención era que se firmara el acta acuerdo salarial y luego debatieran el resto. "No quisieron firmar nada hasta que la Corte avalara lo que pedían y se pasó para el lunes", agregaron fuentes judiciales. La pregunta que se hacen es: ¿firmarán igualmente el aumento salarial?
El gremio avisó que estaban trabajando en medidas de fuerza y un despliegue de asambleas tenía por objetivo afectar a varios fueros. Días atrás hubo tensión en una de las asambleas en el Palacio de Justicia por la presencia policial.
"Lamentablemente, los judiciales nos juntábamos en la asamblea y nos encontramos con la novedad de que la justicia había ordenado que nosotros no pudiésemos ingresar al hall de la planta baja para realizar nuestras asambleas. Hubo una situación complicada, pero finalmente logramos hacerla", indicó Babillón.
El gremialista indicó que "claramente, nosotros no vamos a frenar la asamblea ni la lucha hasta que no logremos una reivindicación salarial justa". En ese sentido, remarcó que "no podemos aceptar que un empleado judicial cobre 600 mil pesos y con la oferta del gobierno, llegue a 650 mil pesos".