El diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, advirtió que la norma aprobada es solo “una declaración” y no garantiza inclusión ni financiamiento.
Emanuel Fugazzotto, diputado del Partido Verde, rechazó la Ley GIRSU en Mendoza y advirtió que la norma perjudica a recuperadores urbanos y cooperativas.
El diputado provincial Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) criticó duramente la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), aprobada en la Legislatura de Mendoza. Según señaló, la norma beneficia a empresas privadas, deja en la informalidad a los recuperadores urbanos y carece de mecanismos claros de financiamiento para cooperativas.
Fugazzotto sostuvo que “los únicos que celebran este proyecto son VITSA, Santa Elena y las compañías que se enriquecieron durante años con los impuestos de los mendocinos”. Según explicó, la ley convierte a los recuperadores en simples “actores sociales” sin reconocerlos como parte institucional del sistema, lo que, a su juicio, los empuja nuevamente a la informalidad.
“Hablan de inclusión social, pero no establecen regulaciones reales que mejoren la situación de quienes están en desventaja frente a los empresarios del reciclaje”, remarcó el legislador.
El diputado también apuntó contra la apertura de importaciones de residuos dispuesta por el Gobierno nacional, que habría deprimido los precios de materiales reciclables. “Mientras las empresas privadas reciben contratos millonarios, las cooperativas quedan cada vez más relegadas”, advirtió.
Para ilustrar la precariedad, mencionó un caso ocurrido en un basural de Las Heras, donde un niño de 12 años perdió un dedo manipulando residuos. “En lugar de proteger a quienes ya hacen este trabajo, el proyecto los condena a seguir en condiciones gravísimas”, expresó.
Fugazzotto señaló que la ley no obliga a los grandes generadores a entregar materiales a las cooperativas ni establece un sistema de responsabilidad extendida al productor. “Todo queda sujeto a reglamentación futura, y eso en materia ambiental es muy riesgoso”, aseguró.
Finalmente, advirtió que la norma responde a una “visión mercantilista” del Ministerio de Ambiente provincial: “Lo que mandaron es una buena declaración de principios, pero en la práctica no sirve para nada para quienes esperan una ley que fortalezca el trabajo de las cooperativas”.