- El senador Martín Rostand (Pro) pide respuestas urgentes por la crisis de bodegas
- Presentó un proyecto para proteger a productores
Laura Balsells Miró, Gabriel Pradines, Mauricio Macri y Martín Rostand.
El senador Martín Rostand (Pro) presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo de "una respuesta institucional urgente a la crisis que enfrentan los productores vitivinícolas de toda la provincia, ante las situaciones que atraviesan firmas como Bodegas Bianchi y Bodegas Norton".
"En el actual esquema de comercialización, el productor ha quedado en una situación de extrema vulnerabilidad: entregó su producción, no ha percibido el pago correspondiente y, sin embargo, es ejecutado por entidades financieras (como el Banco Supervielle) y Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) por créditos cuyas contragarantías eran, precisamente, los derechos de cobro de esas facturas impagas por las bodegas", expresó el legislador.
Rostand indicó que ante la imposibilidad técnica de dar tratamiento inmediato a un proyecto de ley de origen parlamentario que no esté contenido en el decreto de convocatoria, dado que actualmente la Legislatura transita el periodo extraordinario, "resulta imperioso que sea el Poder Ejecutivo quien asuma la iniciativa legislativa".
"No se busca desconocer las deudas, sino otorgar un plazo de gracia que impida el despojo de los productores mientras se normaliza la cadena de pagos de la industria madre de Mendoza. En cuanto al proyecto de ley sugerido, el mismo tiene por objeto brindar una tutela legal urgente a los productores vitivinícolas mendocinos que, debido a la crisis sistémica del sector y la situación de insolvencia de bodegas emblemáticas (como los casos de público conocimiento de Valentín Bianchi SACIF y Bodegas Norton), se encuentran en un estado de desamparo absoluto", cerró.
Rostand aclaró que "la operatoria comercial habitual implica que el productor entrega su cosecha a la bodega, recibiendo a cambio un flujo de pagos futuro. Para financiar la cosecha y el acarreo, el productor suele acceder a créditos bancarios avalados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), cediendo como contragarantía los derechos de cobro de aquellas facturas de la bodega".
"Al entrar la bodega en procesos de reestructuración de deuda o concurso preventivo, el flujo de fondos se interrumpe. Sin embargo, las entidades financieras y las SGR inician ejecuciones contra el patrimonio del productor (quien ya perdió su materia prima y no cobró por ella), generando un riesgo de despojo y desaparición de la unidad productiva", remarcó.
El senador del Pro recordó que la Legislatura de Mendoza ha sancionado normas similares en situaciones de emergencia, como la Ley 8182 (y sus sucesivas prórrogas Ley 9297 y Ley 9603) para deudores hipotecarios y puesteros, estableciendo que el Estado puede intervenir en los procesos de ejecución ante situaciones de grave crisis social para preservar la paz social.