- El kirchnerismo pidió en el fuero Electoral invalidar una decisión del Congreso.
- Denunciaron el vaciamiento de la democaracia interna en el peronismo.
El kirchnerismo denunció el vaciamiento de la democracia interna en el peronismo.
El kirchnerismo le pidió a la Justicia que impugne la resolución de la interna del peronismo resuelta por el sector de los intendentes en el último congreso partidario desarrollado en San Rafael. La presentación en el Juzgado Federal Electoral corrió por cuenta de los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo) y Juan Manuel Villalba (Rivadavia), junto al abogado Nadir Yasuff.
La denuncia abrió un capítulo judicial en la trama del divorcio entre los sectores conformados dentro del partido, que atraviesa una crisis fenomenal agravada por la derrota electoral del 26 de octubre, el sexto turno electoral consecutivo sin victorias en las urnas del peronismo mendocino. El último episodio de la feroz interna peronista se evidenció en la votación por la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge en el Senado de la Provincia. Entonces, los legisladores de los intendentes votaron a favor, junto al oficialismo del gobernador Alfredo Cornejo, mientras los kirchneristas lo hicieron en contra, en línea con el clamor de la manifestación popular que protestaba contra la minería fuera de la Legislatura.
Los denunciantes justificaron el traslado de la pelea a la Justicia en la "inexistencia de vías internas para revertir la decisión" adoptada por el Congreso Partidario. El objetivo de la demanda es provocar una intimación judicial al partido a fin de "adecuar su normativa interna" de modo que "garantice un proceso de selección de candidaturas democrático, transparente y respetuoso de las minorías".
Consignaron en la demanda que "el derecho a participar no puede reducirse a una formalidad vacía. La democracia interna exige reglas claras, conducción política y mecanismos que aseguren competencia real y representación plural".
Ahora, los denunciantes ante la Justicia Electoral Federal manifestaron que las modificaciones aprobadas por el Congreso Partidario el 29 de noviembre "alteran el método de elección vigente y restringen gravemente la participación democrática y el derecho de las minorías". Pidieron que se rechacen las reformas a la Carta Orgánica partidaria por considerar que vuelven “ilusoria cualquier posibilidad real de participación interna, al concentrar la definición de candidaturas en un órgano reducido y carente de legitimidad democrática suficiente".
El kirchnerismo objetó la decisión del Congreso Partidario (máximo órgano del PJ) que modificó el mecanismo de selección de candidaturas. Consideró "inaceptable" que los candidatos sean designados "sólo por ocho personas" en lugar de someterse la selección a "los métodos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición democrática del partido como el marco normativo electoral vigente".
Los denunciantes recordaron que, si bien el año electoral presenta particularidades debido a la suspensión de las PASO, "esta situación no habilita a restringir derechos internos". Por el contrario, señalaron que la Cámara Nacional Electoral, mediante la Acordada N.º 37/2025, remarcó expresamente que los partidos deben resguardar los principios de democracia interna y la participación de las minorías al definir sus candidaturas.
Además, subrayaron que "el argumento del 'escaso tiempo' utilizado para justificar el cambio carece de sustento". En ese sentido, enfatizaron que seis meses antes de decidirse la selección a dedo de los candidatos se sabía que Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael habían desdoblado sus elecciones de las provinciales, fijándolas para febrero del año que viene. Además, cuestionaron que el propio Congreso Partidario "ya había aprobado anteriormente un método de selección para todo el año electoral".
Scalco, Villalba y Yasuff sostuvieron en la presentación judicial que "la situación actual no es producto de una emergencia imprevista, sino de la desidia (o la intencionalidad) de la conducción partidaria, que dejó transcurrir el tiempo para forzar una salida antidemocrática”.
Explicaron que "la reforma cuestionada otorga un rol decisivo a un órgano derivado del Consejo Provincial, que tiene escasa y esporádica mención en la Carta Orgánica y que históricamente cumple funciones ejecutivas, no electorales".
Luego insinuaron un giro al nepotismo de parte de los operadores del sector de los caciques municipales del partido: entre los integrantes del reducido grupo de selección de los candidatos "figuran intendentes y familiares directos" de algunos de los jefes comunales que desdoblaron sus elecciones departamentales. Adviertieron que sobran las evidencias de la "clara parcialidad" de los electores de los candidatos.
“En un colegio electoral de apenas ocho personas, donde al menos tres tienen intereses directos en el resultado, cualquier posibilidad de competencia real para las minorías se transforma en una ficción”, señala la presentación.
"Esta avanzada antidemocrática no es un hecho aislado", consideraron los concejales denunciantes, a la vez que enmarcaron la restricción de la democracia interna del peronismo en "una profunda crisis de conducción política del Partido Justicialista de Mendoza". Y ahí nomás le facturaron al sector que domina el aparato partidario "no haber dado ninguna explicación a las bases" sobre la actuación de los legisladores del PJ que "votaron a favor de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo".
Los denunciantes anotaron en la factura a sus rivales internos "la ausencia de conducción, deliberación colectiva y respeto por la voluntad de la militancia", que "profundizó el deterioro de la democracia interna", que, consideraron, quedó evidenciada con la "falta de una posición clara, debatida y comunicada internamente" en la votación en el Senado de "un tema de alto impacto ambiental, social y político".