Un proyecto de ley enviado por el Gobierno para donarle terrenos a Las Heras y Capital que les permitirá concretar la apertura de una calle pública fue avalado por el Senado, luego de la media sanción en la Cámara de Diputados. En realidad el apoyo fue sólo oficialista porque la oposición no acompañó.
La votación resultó 20 votos afirmativos, 11 negativos del PJ y Partido Verde, además de las 6 abstenciones de La Unión Mendocina, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación. En Diputados había sucedido algo similar aunque en el caso de La Unión Mendocina, los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio votaron en contra.
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Natacha Eisenchlas, jefa de bloque radical en el Senado y una de las defensoras del proyecto.
Senado
De acuerdo a los argumentos, la iniciativa busca facilitar el acceso de servicios esenciales en un sector con graves dificultades de ingreso, y resolver así un conflicto de larga data que afecta la conectividad entre los barrios La Angostura y Alto Challao.
El senador Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, explicó que se trata de una media sanción proveniente de Diputados que establece la donación de un inmueble de 2 hectáreas, 7.413,81 metros cuadrados, ubicado sobre Ruta Provincial 99, en el límite entre los departamentos de Capital y Las Heras.
El terreno será cedido en dos polígonos: uno de 1 hectárea y 9.010,08 m² para la Municipalidad de Capital, y otro de 8.403,73 m² para la Municipalidad de Las Heras. La apertura de la calle Santa Bernadette, dice el oficialismo, permitirá mejorar el tránsito y los servicios entre los dos barrios mencionados. Ambos municipios deberán asumir, de forma proporcional, los gastos derivados de la ejecución de la ley, incluyendo mensuras actualizadas. La Escribanía General de Gobierno será la encargada de realizar la escritura traslativa de dominio correspondiente.
Rechazo opositor en el Senado
El senador Dugar Chappel (Partido Verde) informó que su bloque no acompañaría la propuesta. Por su parte, el presidente del bloque Unión Mendocina, Germán Vicchi, anunció la abstención de su espacio. También la jefa del bloque justicialista, Adriana Cano, adelantó que el PJ votaría en contra del proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Desde el oficialismo, la senadora radical Natacha Eisenchlas defendió la iniciativa y destacó que la situación actual perjudica a casi 700 familias, quienes padecen limitaciones para acceder a servicios básicos. Además, aludió a medidas judiciales vinculadas al inmueble y aclaró que no existe impedimento legal para avanzar con la donación, según consta en una resolución de la justicia que desestima la existencia de un obstáculo jurídico para transferir el bien.
“Estamos autorizando al Gobierno provincial a donar el terreno, que forma parte del dominio privado del Estado, para que los municipios puedan avanzar con la apertura de la calle. No se está violando ninguna ley ni competencia judicial”, aseguró.
¿Medidas judiciales pendientes?
La senadora Adriana Cano, argumentó que el expediente presenta irregularidades legales y falta de institucionalidad, ya que el terreno en cuestión se encuentra bajo litigio judicial a partir de una prescripción adquisitiva iniciada por un grupo de vecinos del barrio Alto Challao. Incluso, se advirtió que durante el tratamiento legislativo se notificó oficialmente la existencia de una medida cautelar vigente, dictada por un juez, lo que pone en duda la legalidad de avanzar con la donación en estas condiciones.
"Estamos hablando de un inmueble judicializado. Es inadmisible que el oficialismo avance con una decisión política que podría rozar la ilegalidad y que desconoce abiertamente una medida cautelar vigente", expresó la presidenta del bloque.
Además, se cuestionó la falta de participación formal de la Municipalidad de Las Heras, que no habría emitido dictamen alguno sobre su voluntad de recibir la donación ni sobre su capacidad para ejecutar las obras necesarias. “No hay ningún antecedente administrativo ni pronunciamiento del Concejo Deliberante de Las Heras que respalde esta operación. Ni siquiera sabemos si el municipio está dispuesto a hacerse cargo de ese terreno”, agregó Cano.
Otro punto que generó sospechas fue la celeridad con la que se trató el expediente, sin convocar a todas las partes involucradas ni permitir un análisis profundo. La matrícula del terreno fue registrada por decreto apenas unos días antes del debate legislativo, lo que sumó más interrogantes sobre el trasfondo de la operación.
“Nos preocupa saber qué desarrolladores están detrás de esta urgencia. Esta situación refleja una ausencia total del Estado provincial para gestionar el conflicto, y ahora se pretende resolverlo por vía legislativa, sin respetar el proceso judicial ni a los vecinos que reclaman sus derechos”, concluyó.
La oposición criticó que, una vez más, la mayoría oficialista en ambas cámaras imponga su número para avanzar con decisiones que afectan a terceros sin el debido análisis ni consenso, y ratificó su postura en contra de una medida que consideran precipitada, poco transparente y con posibles consecuencias jurídicas para la Provincia.