- El Senado le dio la media sanción restante al proyecto de ley que adecúa normas federales a la Policía provincial
- Críticas de la oposición
La iniciativa cosechó 26 votos favorables y 6 rechazos.
El Senado provincial aprobó un proyecto que introduce modificaciones a la Ley 6722, con la intención de "actualizar el protocolo de uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial y ampliar los supuestos vinculados al servicio de seguridad". La iniciativa viene de la Cámara de Diputados y cosechó fuertes críticas de la oposición.
La iniciativa tuvo el rechazo opositor de parte del peronismo, que acusó al oficialismo de "copiar y pegar una resolución interna" para convertirla en ley. La Unión Mendocina, con presencia del Pro apoyó la iniciativa. La votación resultó 26 por la afirmativa y 6 por la negativa.
El radical David Sáez remarcó que la reforma "busca adecuar la legislación provincial al reglamento nacional aprobado el 13 de marzo de 2024 para las fuerzas federales, basado en principios vinculados a estándares internacionales que permiten el uso letal solo en casos excepcionales para proteger la vida". En ese sentido, sostuvo que la provincia debe armonizar su normativa para brindar mayor claridad jurídica tanto a los efectivos como a los ciudadanos.
El legislador indicó que el nuevo esquema define con mayor precisión cuándo se configura el peligro inminente y en qué situaciones el personal puede hacer uso del arma reglamentaria, por ejemplo, para impedir la fuga de una persona que represente ese peligro o para resguardar establecimientos de detención. También subrayó que se contemplan supuestos en los que no será obligatorio identificarse previamente si ello compromete la seguridad del procedimiento.
En relación con el inciso 8 bis, destacó que la reforma prevé evitar sanciones administrativas anticipadas contra policías que actúen conforme al protocolo, mientras no exista una resolución judicial firme en contrario. Según explicó, la intención es otorgar seguridad jurídica y evitar medidas disciplinarias apresuradas que puedan afectar la carrera profesional del personal, sin dejar de lado los controles de la Inspección General de Seguridad y del Ministerio de Seguridad.
Sáez afirmó que la ampliación de facultades debe ir acompañada de responsabilidad, capacitación y control posterior, y que el uso de la fuerza debe ser racional, necesario y proporcional. Señaló que el debate apunta a encontrar un equilibrio entre la protección ciudadana, la seguridad jurídica del personal policial y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Durante el debate, los senadores Félix González, del Partido Justicialista, y Dugar Chappel, del Partido Verde, manifestaron su oposición a la propuesta. En la misma línea, la senadora Adriana Cano afirmó que su bloque no acompañaría la iniciativa.
Félix González arrancó diciendo que había visto el debate en Diputados y que lo que ocurrió fue que se copió un reglamento interno para hacerlo ley. En definitiva, es lo que informó el radical Sáez: adecuar la ley a un reglamento interno. Sin embargo, el senador argumentó sus rechazos antes de decir que " ese debate de garantistas contra mano dura...No, no. Esto es mano chanta. Esto es copiar y pegar una resolución interna y querer que eso sea ley para todos los mendocinos".
"Este proyecto terminaría siendo no solo inconstitucional y va a terminar generando una inseguridad jurídica que, aparentemente es lo que se pretende. Como día el senador González recién, es un copie y pegue de una resolución ministerial a nivel nacional. El miembro informante (Sáez) dijo que era un protocolo y los protocolos se terminan dictaminando, sobre todo los que tengan que ver con el uso de las fuerzas de seguridad, en decisiones ministeriales, en resoluciones ministeriales. El primer error es ese", dijo Adriana Cano, jefa de bloque del PJ.
La reforma incorpora nuevos supuestos para el uso de armas de fuego y redefine el concepto de “peligro inminente”, incluyendo expresiones abiertas como “circunstancias asimilables”. Para el justicialismo, esto introduce subjetividad en una materia extremadamente sensible. “El uso del arma de fuego es una medida excepcional, limitada a la defensa de la vida ante un peligro real e inminente. Incorporar conceptos difusos no da respaldo: expone al agente y debilita la seguridad jurídica”.
Asimismo, el bloque cuestionó la incorporación del artículo 8 bis, que impide al Ministerio de Seguridad y a la Inspección General de Seguridad adoptar medidas administrativas o disciplinarias cuando el accionar policial “parezca verosímilmente ajustado a la ley”, hasta que exista sentencia judicial firme. “El control penal y el control administrativo son vías independientes. Limitar la intervención de la IGS es debilitar el control civil sobre la fuerza pública”.
Finalmente, desde el PJ remarcaron que respaldar a la Policía no implica ampliar discrecionalidades, sino mejorar sus condiciones estructurales. “Cuidar a quienes nos cuidan es garantizar salarios dignos, formación permanente, prácticas adecuadas y atención en salud mental. No es prometer respaldo con una ley que genera más dudas que certezas”.