El Boletín Oficial confirma la promulgación de la reforma impulsada por Milei que permite a las mineras avanzar en periglaciares y áreas antes protegidas.
El debate de la reforma impulsada por Milei se extendió hasta la madrugada.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares. La medida, que redefine el alcance de la preservación de estas reservas de agua dulce, fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 de Javier Milei publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.
El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. A partir de ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.
Si bien la ley original de 2010 establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.
Desde que la madrugada del 9 de abril se sancionó la reforma en Diputados, el Poder Judicial se convirtió en el segundo frente de batalla. Feilbogen trazó un mapa de lo que llamó "amparos de primera generación": aquellas presentaciones que se oponen a la ley por considerarla inconstitucional. Entre ellas, destacó la del Gobierno de La Pampa y el "amparo global colectivo" de organizaciones como Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
"Ellos están recolectando adhesiones, dicen tener ya más de 800.000 personas que se adhirieron y presentarán ese amparo en algún momento", advirtió el abogado sobre esta última organización. Sin embargo, su mensaje a los inversores fue de resistencia: recordó que ya hubo rechazos judiciales contra las impugnaciones a la audiencia pública en la que se anotaron más de 100 mil personas y sólo se habilitó dos días de exposición, dejando miles de intervenciones en un plano de participación sin visibilidad. Para Feilbogen, esta primera oleada buscó frenar la ley "en bloque", antes incluso de que empiece a aplicarse.