Javier Milei prohibió el ingreso de toda la prensa a la Casa Rosada. La medida, justificada oficialmente bajo la sospecha de un presunto “espionaje ilegal”, es un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. La resolución llega apenas dos semanas después de que se inhabilitara el acceso a periodistas de El Destape, Ámbito Financiero y otros medios, lo que ya había encendido las alarmas por restricciones a la libertad de prensa. Ahora, el veto se extiende a todos los acreditados. Según fuentes oficiales, se resolvió “quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva”, en el marco de una investigación que apunta a la difusión de videos grabados dentro de la sede gubernamental.
El detonante: un informe televisivo
El origen de la polémica fue un informe emitido el último domingo en el programa de Luciana Geuna en Todo Noticias (TN). La filmación, realizada en los pasillos de la Casa Rosada, derivó en una denuncia penal presentada por la Casa Militar contra los periodistas involucrados. En consecuencia, el Gobierno decidió dejar sin efecto la prórroga de las acreditaciones que se había otorgado en abril, argumentando que hasta que no se complete el proceso de reempadronamiento anual, ningún periodista podrá ingresar a la sala de prensa.
Denuncias y posibles penas
En paralelo, la Casa Militar denunció a los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como a directivos de TN, por haber registrado imágenes sin autorización. El escrito judicial sostiene que la grabación puso en riesgo la seguridad nacional y que los periodistas “se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial”. Se invocaron los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares.
La reacción del presidente
Lejos de suavizar el conflicto, el propio presidente Milei reforzó la confrontación desde su cuenta de X. En un mensaje escrito en mayúsculas, calificó a los periodistas como “basuras repugnantes” y “delincuentes”, y expresó su deseo de que la investigación alcance a los máximos responsables. Sus palabras, cargadas de descalificaciones, marcaron un tono de enfrentamiento abierto con gran parte del gremio periodístico.
Seguridad versus libertad de prensa
La Casa Militar argumenta que el video fue realizado con “lentes inteligentes” y que se trató de una grabación subrepticia, sin conocimiento ni autorización de los responsables de seguridad. Para el Gobierno, el episodio constituye una amenaza a la custodia presidencial. Para los medios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, en cambio, la medida representa un acto de censura que vulnera derechos fundamentales.
Un cierre con incertidumbre
La prohibición de ingreso a la Casa Rosada no solo afecta la rutina de los periodistas acreditados, sino que también limita el acceso de la ciudadanía a información directa sobre la gestión gubernamental. La sala de prensa, históricamente, ha sido un espacio de intercambio entre funcionarios y comunicadores. Su cierre, aunque temporal según la versión oficial, genera incertidumbre sobre el futuro de la relación entre el poder político y los medios.
La crónica de este jueves deja en claro que el conflicto no se reduce a un trámite burocrático ni a un episodio aislado. Se trata de una pulseada más amplia, donde el Gobierno busca reforzar su control sobre la información y los periodistas defienden su derecho a investigar y publicar. El desenlace aún es incierto, pero lo que ya se percibe es un deterioro en la relación entre el Ejecutivo y la prensa, con consecuencias que podrían marcar un antes y un después en la dinámica democrática argentina.
