- El desempeño de la Policía Minera abarcó minas, plantas, acopios y operaciones logísticas.
- La información se dio en pleno conflicto por San Jorge.
La policía minera hizo operativos variados durante el 2025.
El ministerio de Energía salió a mostrar el balance de los controles que hizo el año pasado la Policía Minera. El reporte detalla las actividades de fiscalización realizadas sobre la industria extractiva en la provincia, abarcando desde la exploración hasta la logística y el tratamiento de minerales.
Según los datos oficiales entregados en pleno conflicto por la habilitación del Proyecto San Jorge, durante el último año se llevaron a cabo un total de 570 inspecciones. Estos procedimientos abarcaron minas, plantas de beneficio, centros de acopio y operaciones logísticas. Como resultado de estas intervenciones, el organismo dictó 63 ceses de actividad y aplicó tres clausuras definitivas tras detectar incumplimientos en el terreno respecto a la normativa vigente.
La cobertura territorial de estas acciones se distribuyó a través de las delegaciones de la zona Centro, San Rafael y Malargüe, manteniendo el esquema de inspecciones en los distintos distritos mineros de la provincia.
El ejercicio 2025 marcó el inicio de los procedimientos vinculados a los "informes de partida", una exigencia establecida por las resoluciones 106/25 DM y 36/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. Guillermo Bickham, jefe del cuerpo de control, indicó que estas verificaciones tienen como fin la evaluación in situ de las condiciones iniciales de las minas y plantas. Hasta la fecha del informe, se completaron 30 inspecciones bajo esta nueva modalidad, cuyos resultados técnicos se encuentran en etapa de análisis para determinar el pase a la siguiente fase de evaluación.
En el aspecto administrativo y técnico, el organismo modificó su sistema de gestión de datos. Se implementó una actualización del sistema de actas digitales con el objetivo de registrar la trazabilidad de los procedimientos. Asimismo, se creó una Sala de Monitoreo para la centralización de datos en tiempo real, herramienta diseñada para la supervisión remota de los operativos.
Para las tareas en campo, especialmente en zonas de difícil acceso o áreas extensas, se incorporaron equipos de comunicación con tecnología Tetra. En cuanto a la movilidad para auditorías y mensuras en terrenos agrestes, se reportó la restauración y puesta en servicio de una unidad camión Unimog.
La PAM ejecutó su plan anual bajo estándares ISO, realizando auditorías sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos Malargüe Distrito Minero Occidental I y II, así como en el proyecto de potasio PRC (actualmente en etapa de producción) y otros proyectos de exploración.
La gestión incluyó la firma y ejecución de convenios con diversas entidades para el control cruzado. Se realizaron operativos conjuntos con el Ministerio de Seguridad y Gendarmería Nacional. Además, se establecieron acuerdos con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para la fiscalización del uso de explosivos y materiales controlados en las faenas mineras, y con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para la verificación de las condiciones de higiene y seguridad laboral.
Paralelamente, se trabajó en la capacitación de agentes, fuerzas de seguridad y actores sociales sobre los alcances de la fiscalización, y se avanzó en la creación de un registro de infractores y bases operativas en Alta Montaña.
La Policía Ambiental Minera funciona como la autoridad de aplicación encargada de inspeccionar trabajos tanto subterráneos como superficiales, además de controlar maquinaria, transporte y documentación obligatoria (Declaraciones Juradas de Producción, Guías de Transporte, Informes de Impacto Ambiental).
Entre sus facultades legales, el cuerpo de inspectores posee libre acceso a las instalaciones mineras y potestad para labrar actas, imponer sanciones y solicitar el auxilio de la fuerza pública. Ante la detección de riesgos ambientales o de seguridad, el organismo está habilitado para detener las actividades y exigir las correcciones necesarias a los responsables de las operaciones, quienes deben acompañar las inspecciones y suministrar la información requerida.
El personal técnico recibe formación continua en áreas operativas y de emergencia, incluyendo reanimación cardiopulmonar (RCP), uso de desfibriladores, primeros auxilios, manejo de extintores y trabajos con cuerdas, además de la instrucción en los sistemas digitales de gestión y elaboración de actas.