El Gobierno de Mendoza envió a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para exceptuar del tope salarial a profesionales clave del sistema público: una médica especialista en terapia intensiva pediátrica del hospital Schestakow y el director de Informática del Ministerio Público Fiscal. La medida busca evitar la pérdida de personal estratégico.
Ambas iniciativas apuntan a garantizar la permanencia de recursos humanos críticos en áreas de alta especialización, donde resulta difícil cubrir cargos por la falta de profesionales capacitados y la competencia del sector privado.
Recurso crítico en Salud y Justicia
El primer proyecto ratifica el Decreto N° 722/25, que exceptúa a la médica Natalia Emilce Bustos, quien se desempeña en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del hospital Teodoro J. Schestakow, en San Rafael. Tiene un cargo con bloqueo de título, trabaja 44 horas semanales y su función es considerada esencial para el sistema de salud provincial.
El segundo proyecto avala el Decreto N° 918/25, que contempla la excepción para el licenciado Juan Manuel Bensadon, director de Informática del Ministerio Público Fiscal. Con 48 horas semanales y disponibilidad permanente, el profesional está a cargo de los sistemas tecnológicos que sostienen las investigaciones penales y la administración judicial.
Desde 2014, la Ley 8727 establece que ningún funcionario o contratado del Estado puede percibir un salario superior al del gobernador. Sin embargo, permite excepciones fundamentadas que deben ser aprobadas por la Legislatura, como ocurrió en 2023 con médicos de alta complejidad en hospitales de referencia como el Central, Notti y Fleming.