- La diputada del Pro, Stella Maris Huczak propone modificar dos leyes
- Pide endurecer multas de alcoholemia cuando se trata de funcionarios
Un proyecto pretende que multas más altas para funcionarios que manejen ebrios.
archivoLa diputada provincial del PRO, Stella Maris Huczak, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad de Tránsito Vial y el Código Contravencional, con el objetivo de actualizar y precisar las sanciones a funcionarios por conducción con alcoholemia positiva en Mendoza.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de una agravante para funcionarios públicos —nacionales, provinciales o municipales— que cometan este tipo de infracciones. En estos casos, se prevé un incremento en las sanciones y la obligación de comunicar la infracción a la autoridad correspondiente. “La función pública no es un privilegio, es una responsabilidad. Quien representa al Estado debe cumplir la ley y dar el ejemplo”, sostuvo Huczak.
En tales casos, la multa se eleva de CUATRO MIL (4.000) a OCHO MIL (8.000) Unidades Fijas y la inhabilitación se fija entre SESENTA (60) y DOSCIENTOS (200) días. "Esta previsión no responde a un criterio punitivista, sino al reconocimiento de un mayor deber de responsabilidad institucional, ya que quien ejerce una función pública representa al Estado frente a la ciudadanía y debe observar una conducta acorde a esa investidura", dicen los argumentos del proyecto.
Además, se refuerzan las sanciones para los casos de mayor gravedad, especialmente cuando la alcoholemia supera 1 gramo por litro de sangre, incluyendo multas más elevadas, mayores plazos de inhabilitación y la posibilidad de arresto. También se elimina la opción de reemplazar estas sanciones por trabajo comunitario, con el objetivo de evitar que se minimicen conductas de alto riesgo.
"Finalmente, se establece expresamente que cuando la alcoholemia sea igual o superior a UN (1) gramo por litro de sangre, es decir para los supuestos de mayor gravedad, continuará siendo de aplicación el artículo 67 bis del Código de Contravenciones provincial, previendo una ligera incorporación en su párrafo primero estableciendo un mínimo para el arresto desde CUARENTA (40) días para brindar mayor seguridad jurídica", argumenta el proyecto.
En ese sentido, también " se incorpora la agravante por revestir la calidad de funcionario público imponiendo una multa de OCHO MIL (8.000) U.F. a DOCE MIL (12.000) U.F., llegando al máximo de la pena según lo normado por el artículo 12 del Código Contravencional, o en su lugar se conserva la opción de condenar a arresto de SESENTA (60) a CIENTO VEINTE (120) días, sumado a la pena accesoria, de inhabilitación para conducir vehículos por un plazo de DOSCIENTOS DIEZ (210) días a SETECIENTOS TREINTA (730) días".
“El objetivo es claro: cuidar la vida, ordenar las reglas y dejar en claro que nadie está por encima de la ley, y mucho menos quienes ejercemos una función pública”, concluyó la legisladora.