Con una demoledora ironía, una vecina de Uspallata cerró su intervención en la audiencia del Gobierno y la minera San Jorge: "Quiero dar mi profundo agradecimiento al Gobierno de la Provincia por la seguidilla de hechos violentos que se han protagonizado recientemente en el pueblo de Uspallata. Gracias por traer a un pueblo pacífico la patota de la UOCRA con el fin de amedrentarnos y querer intimidarnos. Gracias por las detenciones injustificadas y sin fundamentos de Mauricio y Federico. Gracias también por esta audiencia, que aunque es presentada como pública se desarrolla en un ámbito privado y de difícil acceso, dejando afuera a muchas voces que querían ser escuchadas".
Cuando terminó esa frase, a Verónica Susana Ibarra le cortaron el audio. Había cumplido el tiempo reglamentario de cada orador: 5 minutos. No obstante, le fueron suficientes para enumerar las razones de su rechazo al proyecto San Jorge de extracción de oro y plata.
Ibarra contó que nació y se crió en Uspallata y es socióloga especializada en Teoría Social. Luego desgranó sus críticas "a un modelo económico que se repite una vez bajo lógica colonial de extractivismo minero, en este caso bajo la explotación del cobre en Uspallata, que no es una solución a nada sino una nueva forma de despojo".
Ibarra admitió que en la villa cordillerana hay una crisis laboral y que se intenta imponer a la megaminería como tabla de salvación. "Es necesario señalar que esta crisis no ha sido generada por el pueblo, ni por falta de voluntad, ni por una supuesta resistencia al desarrollo. Si no por las consecuencias de políticas liberales, de ajuste, de desinversión y dependencia, de ajuste y sin enfocarse en maximizar los recursos históricos, geológicos y paisajísticos a través de políticas turísticas sustentables.
La megaminería aparece disfrazada de salida, de una salida que requiere millones de litros de agua por día. Se nos plantea una falsa dicotomía: agua o trabajo. Como ciudadana, como trabajadora, como habitante de este pueblo, me niego a caer en esa trampa. Exijo un sí a un modelo productivo que represente los derechos constitucionales y del ambiente.
Luego reveló que participó de los famosos talleres que el Gobierno impulsó junto a San Jorge como forma de "relacionamiento con la comunidad".
Esos talleres forman parte de lo que el Gobierno toma como espacio formal para plantear quejas y uno de los argumentos que usó la ministra Jimena Latorre para desestimar la enorme audiencia popular que organizaron los vecinos.
Siguió: "¿Cómo se sostiene un argumento así cuando las regalías son ínfimas? Cuando las explotaciones no generan desarrollo local, cuando loe beneficios se concentran en manos extranjeras. La educación pública no se sostiene con la entrega de los bienes comunes, se sostiene con la voluntad política, con justicia fiscal y con respeto a la ciudadanía. Porque el cobre se va, y la contaminación queda".
