Los fiscales avanzaron en denuncias contra quienes protestaron contra San Jorge, pero la Justicia de Mendoza congeló otra causa por el ataque a un asambleísta.
La Justicia de Mendoza mantiene sin avances la causa por lesiones contra Flavio González, vecino de Uspallata.
A seis meses del violento ataque sufrido por Flavio González, vecino y asambleísta de Uspallata durante una marcha pacífica contra la megaminería en la villa cordillerana, la causa judicial sigue estancada. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mendoza se presentó formalmente ante la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional para exigir que se investigue el expediente N° P-11616/25, caratulado "F. C/ N.N. S/ lesiones graves".
González, integrante de la Asamblea por el Agua de Uspallata, fue atacado y golpeado en el rostro el 24 de enero de 2025, en el marco de una movilización ciudadana contra la minera San Jorge, y en paralelo a la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
Este vecino fue rescatado por otro que evitó una paliza mayor por parte de un grupo de hombres que embistieron contra él a golpes de puño. Quien lo auxilió fue Mauricio Cornejo, quien contó en su momento a ElEditor Mendoza que su local, un negocio de regionales, también fue atacado. En ese contexto, acudió en ayuda de González con un matafuego. Cornejo es uno de los vecinos que luego fue denunciado y encarcelado, por una supuesta amenaza contra Edgardo Vera, titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
La denuncia de Flavio González fue respaldada con videos que muestran una enorme columna de la UOCRA llegando a Uspallata. Pocos minutos después se produce el choque con vecinos que se manifestaban contra San Jorge. También aportó fotos de sus agresores, que también quedaron registrados por cámaras de seguridad de negocios cercanos.
"Manipulan la Justicia para lo que les conviene. Yo hice la denuncia dos o tres días después por lesiones graves, me hicieron todas las pericias en la Policía Científica. Desde ese momento la causa no se movió. Yo filmé desde que llega la UOCRA, se baja de los micros, les abren las vallas, se ponen frente a nosotros y se ve cómo nos atacan", señaló González a este diario.
"Dentro de la causa también denuncie que la UOCRA le pego a mi mujer y a otras (violencia de género) y complicidad con la policía ya que luego de identificar a quien comenzó la agresión y me robó el teléfono el jefe del operativo lo cambió. También se llamo a 911 y nunca llegó", agregó González, quien nunca fue citado a declarar en esta causa, según reveló.
La APDH intervino en calidad de asociación de defensa de derechos colectivos, amparada en el artículo 108 del Código Procesal Penal, y advirtió que la falta de investigación promueve un mensaje de impunidad e inseguridad en la provincia de Mendoza.
"El objetivo es solicitar a la Fiscalía que investigue los hechos de violencia (golpes) contra defensor ambiental de la Asamblea por el Agua de Uspallata el pasado 24 de enero de 2025 cuando se movilizaron vecinos de Uspallata, Uspallata, para protestar pacíficamente contra el avance delo lobby minero en esa ciudad. En esa oportunidad golpearon a Flavio González, lesionando su rostro", indica el escrito de la APDH.
El contraste con otras causas vinculadas a la misma lucha ambiental es notorio. Federico Soria y Mauricio Cornejo, también vecinos y asambleístas de Uspallata, fueron detenidos durante cinco semanas y tres días respectivamente, tras una denuncia por supuestas amenazas realizada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. La denuncia no incluyó pruebas ni testigos que pudieran corroborar lo dicho por Vera, pero bastó para que la Justicia actuara con celeridad con detenciones e imputaciones.
Incluso el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, reconoció que la Justicia local no tenía competencia en el caso. Sin embargo, para cuando lo hizo, Cornejo y Soria ya habían pagado con su libertad.
La gravedad de la persecución institucional contra los vecinos que protestan llevó a la Iglesia Católica a intervenir. El nodo argentino de la red Iglesias y Minería, junto a la Pastoral Social de Mendoza, impulsados por el arzobispo Marcelo Colombo, emitieron un comunicado contundente:
Además, recordaron que la comunidad de Uspallata ya había rechazado el proyecto minero San Jorge en dos ocasiones, pero que se insiste en imponerlo.