Referentes de la Iglesia Católica presentaron un documento en el Polo Judicial por la persecución a asambleístas. Aseguran que el conflicto "va a seguir".
El papa Francisco y monseñor Marcelo Colombo, jefe de la Iglesia Católica en Argentina y en Mendoza.
La Iglesia Católica se metió de lleno en el conflicto desatado en Uspallata tras la reactivación del proyecto San Jorge, cuyo hito fue la detención de dos vecinos y asambleístas acusados, sin pruebas, de amenazas contra Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
"El arzobispo está preocupado", confió Daniel Funes, de la red Iglesias y Minerías, que tiene un nodo en Argentina desde hace tres años. Este jueves, se presentó en el Polo Judicial para entregar un escrito. Aunque no le permitieron ingresar, logró presentarlo por medios electrónicos.
El arzobispo Marcelo Colombo, quien además es presidente de la Conferencia Episcopal, se ha manifestado en contra de San Jorge y otros proyectos mineros de gran escala, como Hierro Indio y Cerro Amarillo. Junto a la Pastoral Social y al grupo Iglesias y Minerías, busca tener una presencia activa en la comunidad uspallatina.
"Trajimos un escrito. La red Iglesias y Minerías incluye a la Iglesia Católica y está acompañando a las comunidades que luchan contra la megaminería. En Argentina, hace tres años se conformó el nodo de la red, y en San Carlos yo pertenezco a esta red. Hace mucho que intentábamos que la Iglesia se involucre en estos temas", señaló Funes a El Editor Mendoza.
"Esto no es solo por la minería, sino por los Derechos Humanos. Es inadmisible que personas que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario estén en riesgo de salud y de vida. Lo de Mauricio y Federico es, a las claras, alarmante, indignante, inadmisible. Que estén presos cuando hay otras alternativas, como domiciliaria u hospitalaria, es inaceptable", agregó.
La resistencia de Uspallata contra la megaminería viene de años atrás. Cuando se rechazó el proyecto en 2010, la Pastoral Social dejó clara su postura en la masiva e histórica audiencia pública, oponiéndose "por los efectos sociales que causa el extractivismo en los pueblos", resumió Funes.
En ese entonces, como ahora, hubo cortes de ruta y protestas. En una de esas ocasiones, el juez Walter Bento —hoy detenido en una causa por corrupción— arrestó a siete personas, entre ellas el párroco del pueblo, Pablo López. "A todos les pintaron los dedos", recordó el referente de Iglesias y Minerías.
Funes señaló que la Iglesia "desde el principio acompañó la oposición al proyecto San Jorge. Las primeras reuniones se hacían en la parroquia donde estaba el padre Pablo López. La asamblea se reunía allí, y el párroco actual también está pidiendo acompañar este reclamo".
El sustento ideológico y político de Iglesias y Minerías se basa en la encíclica Laudato Si del papa Francisco. En un encuentro en Panamá, donde se pronunciaron al respecto, recordaron las palabras de Bergoglio:
"A las personas de buena voluntad: ‘Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas —mineras, petroleras—, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas; dejen de contaminar los ríos y los mares; dejen de intoxicar a los pueblos y los alimentos’".
Funes recordó que, durante la pueblada por el agua de diciembre de 2019 —cuando Rodolfo Suarez intentó derribar la Ley 7722 y reemplazarla por otra que legalizaba el uso del cianuro en la minería—, el arzobispo Colombo acompañó a los manifestantes.
Este es el documento que presentaron en el Polo Judicial: