- Janina Ortiz está suspendida hace casi dos años en su banca
- Una candidata del Pro reclama el lugar
Janina Ortiz, ex Secretaria de Gobierno de Las Heras y diputada provincial suspendida.
El nombre de Janina Ortiz había perdido protagonismo hasta que el Pro lo desempolvó. El ex socio de La Unión Mendocina reclama formalmente la banca de la diputada que está suspendida en el cargo desde el 27 de marzo del 2024. Las causas judiciales, con desafuero previo, y la embestida política la dejaron sin voz, voto ni sueldo.
La ex Secretaria de Gobierno de Las Heras había sido electa en setiembre del 2023 cuando su ex pareja, Daniel Orozco aspiraba a ser el vicegobernador de Omar De Marchi. Ortiz iba segunda detrás de Jorge Difonso en la boleta de candidatos a diputados provinciales por el Primer Distrito Electoral.
Al quedar suspendida, una candidata del Pro reclama ese lugar pero una serie de obstáculos atentarían contra sus aspiraciones. Desde la Cámara de Diputados indicaron a El Editor que, por el momento, la novedad aparecerá en los Asuntos Entrados de la próxima semana. De esa forma, se pone al cuerpo en conocimiento de la situación. Luego, se analizará qué tratamiento se le da al pedido.
"Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones", dice el artículo 91 de la Constitución provincial.
Con ese argumento se avanzó en la sanción a Ortiz que enfrentaba procesos judiciales y ya había perdido sus fueros meses antes. Podría decirse que desde que asumió, su paso por la Legislatura fue breve y fue noticia, exclusivamente, por su situación judicial. Lo cierto es que la suspensión no habilita una vacancia y, de acuerdo a lo que votó el cuerpo aquel 27 de marzo, la sanción aplicaba "hasta tanto haya sentencia judicial en las causas que se investigan.
"Tanto ella como Orozco dilataron ese juicio", dijo una fuente oficialista recordando el festival de apelaciones, cambios de patrocinio y demás instancias que fueron demorando la elevación a juicio. De hecho, todavía no arranca el debate a dos años de destaparse el escándalo por las cooperativas y las coacciones en las que está acusada Ortiz.
"Que vengo a solicitar a ese Honorable Cuerpo que abandone toda situación de indefinición institucional respecto de la banca correspondiente a la Primera Sección Electoral vinculada a la Diputada Janina Ortíz, y que se dicte, con carácter urgente, expreso y fundado, el pronunciamiento que garantice la integración efectiva de la Cámara, la representación plena del distrito y, en su caso, la activación del mecanismo de sustitución por orden de lista previsto en el art. 83 de la Ley 2551, atendiendo al corrimiento producido por el fallecimiento debidamente acreditado del candidato que me antecedía", dice la nota que María Belén Castillo le mandó a la presidencia de la Cámara de Diputados a cargo de Andrés Lombardi.
Castillo es abogada y es parte del sector referenciado en Omar De Marchi, cuya presidencia partidaria ejerce Gabriel Pradines. Fue asesora del diputado nacional Álvaro Martínez. En los argumentos, la aspirante a ocupar la banca indica "que la situación descripta configura un problema institucional concreto, actual y no hipotético: existe una banca cuyo ejercicio se encuentra suspendido por un plazo enteramente incierto, y existe además una alteración sobreviniente del orden de prelación de la lista, circunstancia que obliga a la Cámara a resolver de manera inmediata, seria y fundada cómo se restablece la representación afectada".
No obstante, la banca no fue reclamada por nadie en dos años. Ni por las autoridades del Interbloque La Unión Mendocina ni por el Partido Libertario, a quien le correspondía el lugar en caso de quedar vacante y debía recaer en José Caviglia (falleció en noviembre del año pasado). Por lo tanto, generó alguna sorpresa la urgencia con la que se pide resolver la situación que está en manos de la justicia. Fuentes del partido amarillo desterraron conjeturas y aclararon que el pedido es solamente porque consideran que les corresponde el lugar.
El primer artículo que cita la nota, el 83 de la ley electoral provincial, hace referencia a las proclamaciones de titulares y suplentes. "En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de los legisladores provinciales y concejales, los sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido.", dice parte del articulado.
Distintas fuentes consultadas coinciden en que la situación de Ortiz no encaja en ninguna de las previstas en la normativa dado que hay una suspensión impuesta por el órgano que integra. En síntesis, no hay un marco normativo que prevea reemplazos parciales. Y de hecho, la causa no ha tenido resoluciones, con lo cual serían extraños los argumentos para impulsar un pedido de expulsión.
"Lo que se encuentra comprometido es el normal funcionamiento del cuerpo legislativo, la integridad de la representación popular y el deber de la Cámara de no tolerar que una suspensión 'hasta que exista sentencia' derive, en los hechos, en una banca sin ejercicio efectivo por tiempo indeterminado", indica Castillo.
Para algunos consultados resulta llamativa la urgencia dado que la Cámara de Diputados viene funcionando con 47 legisladores desde hace dos años y nadie levantó la voz. Si bien en aquel momento la votación fue dividida y la oposición no acompañó la sanción, tampoco se levantó la bandera de la institucionalidad por completar los 48 lugares.
El motivo de no presionar para ocupar la banca puede desprenderse de la propia Carta Magna que en el artículo 88 habilita a las Cámaras a sesionar con la tercera parte de sus miembros, con excepción de los casos en que se exija quórum especial. El detalle de estos casos está en el Capítulo II "De las Sesiones en Minoría" del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. Al faltar una banca, se entiende que no pone en jaque el funcionamiento, más aun cuando el propio espacio de La Unión Mendocina no lo reclamó.
Janina Ortiz, al quedar suspendida en el cargo, no percibe su dieta de diputada provincial desde hace dos años y termina su mandato el año próximo, en diciembre del 2027. Una vez que la Cámara de Diputados suspendió a la ex funcionaria lasherina, se presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia que no ha tenido respuesta.
La semana pasada entró formalmente la renuncia a esta causa por parte de Fernando Burlando, Javier Baños y Elena Quintero. Ninguno de los tres letrados está vinculado a Janina Ortiz en los expedientes que se tramitan en la justicia provincial.