Franco Cortés, soldado leal de Janina Ortiz, va a juicio por abuso sexual. Sobre ella y el ex intendente Daniel Orozco, pesa la acusación por encubrimiento.
Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras y Janina Ortiz, su esposa, y anterior Secretaria de Gobierno de la comuna.
La ex secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz quedó a un paso del juicio por amenazas coactivas. El fiscal Juan Ticheli ya pidió la elevación a juicio aunque aun corren los plazos de oposiciones y demás. La diputada de La Unión Mendocina, suspendida en el cargo, mira de reojo otro expediente que espera fecha de debate.
Se trata de la causa que tiene a Franco Cortés imputado por abuso sexual en un expediente que detona otras duras acusaciones. ¿Por qué preocupa a Ortiz y al ex intendente Daniel Orozco? Porque ambos están acusados de haber encubierto el aberrante hecho, junto con incumplimiento de los deberes de funcionario público, según contó a este medio Ramiro Villalba, abogado de la víctima en esa causa. Qué otras causas orbitan alrededor del matrimonio lasherino.
El letrado representa a dos mujeres que denunciaron tanto al ex intendente Daniel Orozco, a la ex secretaria de Gobierno de la comuna Janina Ortiz y a dos entonces funcionarias de ésta: Patricia Rivero y Dana Carolina Murua, madre e hija dentro de la estructura de Relaciones con la Comunidad que estaba bajo el paraguas de Ortiz.
Franco Cortéz era coordinador de Juventud de la comuna y fue imputado en junio del 2023 por presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. El hecho por el que será juzgado habría ocurrido en el 2020 en el baño del Centro de Integración Comunitario (CIC) El Plumerillo durante los preparativos por el Día de la Independencia.
Sin embargo, el ex funcionario fue detenido en setiembre de ese mismo año tras nuevas pruebas. A la víctima, le habían abierto un sumario en la Municipalidad de Las Heras por ausencias injustificadas, careciendo de toda perspectiva de género. Villalba, había dicho en ese momento que la situación era absurda porque su presunto victimario seguía trabajando allí y tenía “prohibición de acercarse a ella”.
“Sin embargo la municipalidad, con el beneplácito del intendente Daniel Orozco y la secretaria de Gobierno Janina Ortiz, permiten que vaya a trabajar”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el sumario "va en contra de toda perspectiva de género, de la Ley Nacional de Protección Integral de la Mujer y de la Convención de Belém do Pará, a la que suscribió el Estado argentino”.
Cortéz era uno de los jóvenes apañados por el matrimonio lasherino. Su familia también ocupaba cargos en la comuna: Ángel Cortéz, padre del joven, estaba a cargo de los merenderos y su tía Lourdes Cortez era subdirectora de Salud. Las versiones indicaban que de no haber tenido ese apoyo por parte del intendente y su esposa, no podría haber continuado en el cargo.
Ortiz a su vez, es muy probable que enfrente un juicio por amenazas coactivas por aquel famoso audio entre una empleada y quien sería Osvaldo Oyenhart, ex funcionario municipal, rumbo a un hotel alojamiento. La empleada denunció que la obligaron a tener relaciones sexuales y el contenido del audio destapó una red de corrupción municipal.
El fiscal pidió la elevación a juicio y el trámite aun debe sortear formalidades para confirmarse. A raíz del audio, Rivero y Murua están imputadas en esa misma causa pero aun no se define la elevación a juicio. El abogado espera definiciones en estos casos y que se confirme el inicio del debate para que Janina Ortiz, ex influyente funcionaria de la Municipalidad de Las Heras sea juzgada dos años después del festival de denuncias. Arriesga una pena de hasta 4 años de prisión.
Sin dudas lo que ocurra con el caso de Cortéz tendrá impacto. Si es declarado culpable, el hecho habrá ocurrido y las preguntas sobre el encubrimiento se harán con más fuerza. No obstante, para el abogado, podría avanzarse con la imputación por encubrimiento, abuso de autoridad y demás aunque no se sepa el hecho.
El ex intendente Daniel Orozco viene zafando de la elevación a juicio por el momento aunque está imputado por peculado en la causa de las cooperativas a través de las cuales habría habido malversación de fondos contabilizados en varios millones.
Una pericia caligráfica complicó a Ortiz, que también estaba imputada por peculado, dado que se confirmó su firma en documentación clave en la contratación de las cooperativas.