La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó el proyecto de reforma laboral que impulsa Javier Milei. No obstante, aunque la entidad respaldó los cambios en materia de derecho individual del trabajo, alertó que varios artículos vinculados a los convenios colectivos podrían abrir una etapa de mayor conflictividad y poner en riesgo la estabilidad jurídica de las pymes. La postura quedó plasmada en un documento elevado al Senado, donde la CAME pidió de manera “imperiosa” la eliminación de cinco artículos —del 126 al 132— que, según la organización, desvirtúan el espíritu original de la iniciativa y generan un escenario de imprevisibilidad tanto para empleadores como para trabajadores.
El artículo 126 en el centro del debate
El cuestionamiento más fuerte recae sobre el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas. Para la CAME, esta modificación choca con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debilitando la continuidad de acuerdos que hoy funcionan como contención de conflictos.
Aportes empresariales y sindicales
Otro punto sensible es el artículo 128, que elimina los aportes obligatorios para las entidades empresarias pero mantiene los de las organizaciones sindicales. La entidad pyme considera que esta diferencia implica un trato inequitativo y discriminatorio, capaz de debilitar la representación empresaria y romper el equilibrio en la negociación colectiva.
Convenios de empresa vs. convenios de actividad
Las objeciones se extienden a los artículos 130 y 131, que otorgan prevalencia a los convenios de empresa por sobre los de actividad. Según la CAME, esta modificación fragmentaría el marco normativo y habilitaría diferencias salariales difíciles de justificar, vulnerando el principio de igual remuneración por igual tarea.
Facultades del Estado y discrecionalidad
Finalmente, el artículo 132, que faculta al Estado a suspender convenios colectivos por razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”, fue calificado como una discrecionalidad excesiva que suma incertidumbre al sistema laboral.
Un debate caliente en el Senado
Mientras el Gobierno busca aprobar la llamada “Ley de Modernización Laboral” el próximo 11 de febrero en el Senado, las objeciones del sector pyme se suman a las presiones sindicales y a las preocupaciones de los gobernadores por el impacto fiscal de la iniciativa. El debate promete convertirse en uno de los capítulos más tensos de la agenda parlamentaria de este verano.
Algunos puntos de la reforma laboral en danza
Algunos de los puntos centrales del borrador de reforma que circulan en los ámbitos gremiales, y que se trabaja según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el ámbito del Consejo de Mayo, son:
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El fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, un principio que establece que un convenio continúa vigente después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie y acuerde uno nuevo. Su finalidad es evitar la desprotección de los trabajadores, garantizando que sus derechos y condiciones laborales se mantengan hasta que se concrete un nuevo convenio. En algunos países, tras una reforma, esta prórroga es indefinida, prorrogándose anualmente hasta que se llegue a un acuerdo nuevo. Julio Cordero, secretario de Trabajo, planteó en caso de que no sea posible el fin de la ultraactividad la posibilidad de dar prioridad a convenios por empresa para desguazar los convenios colectivos. También se habló de la posibilidad de pautar convenios regionales con distintos salarios por zonas del país y otra propuesta, que en Mendoza ya se aplica en el sector estatal, son los salarios por productividad, es decir establecer un piso salarial y el resto que sea por mérito, productividad, presentismo, etc.
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La eliminación de las indemnizaciones por despido, sustituidas por un fondo de cese laboral.
La creación de un banco de horas para compensar trabajo extra con tiempo libre sin que el empleador deba pagarlas.
La posibilidad de pactar contratos individuales en cualquier moneda, incluso dólares.
La flexibilización de las vacaciones, que quedaría en manos del empleador según las necesidades de producción de las empresas. Además, las vacaciones podrían fragmentarse según necesidad del empleador.
