Cristina Fernández de Kirchner irá presa por corrupción. Los jueces de la Corte Suprema dejaron firme el fallo. No podrá ser candidata nunca más en su vida, puesto que la inhabilitación que recibe es perpetua. Fue condenada a seis años de prisión efectiva por la conocida como causa Vialidad.
Cristina Fernández de Kirchner es la segunda ex presidenta de la Argentina que va presa en democracia.
La Corte Suprema de Justicia, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó este jueves el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El máximo tribunal consideró que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que la sentencia dictada contra la ex presidenta fue “fundada en ley”.
Cristina Fernández de Kirchner no podrá ejercer cargos públicos nunca más en su vida
La decisión también ratificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tal como había sido establecido por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022. En ese fallo, se condenó a la ex mandataria a seis años de prisión por beneficiar de forma sistemática a las empresas del empresario Lázaro Báez durante sus gobiernos, en el marco de contratos de obra pública en Santa Cruz. La sentencia incluyó el decomiso de $84.835 millones.
Por otro lado, la Corte desestimó como “inadmisible” el recurso del Ministerio Público Fiscal que buscaba revocar su absolución por el delito de asociación ilícita. Apeló para ello al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite a la Corte rechazar recursos sin expresar fundamentos cuando no se justifican debidamente.
El fallo sostuvo que las condenas se basaron en "profusa prueba producida" y que la ex presidenta “priorizó intereses particulares por sobre los del Estado”. Junto a ella, también fueron condenados otros ex funcionarios como el ex secretario de Obras Públicas José López y el propio Báez.
En su defensa, Cristina Kirchner había cuestionado la imparcialidad del tribunal y la valoración de la prueba. Sin embargo, el máximo tribunal sostuvo que sus argumentos no demostraron arbitrariedad ni afectación de garantías constitucionales. La Corte calificó sus planteos como una “reedición” de reclamos previamente descartados por instancias inferiores.
Con esta decisión, la Corte Suprema cerró la vía ordinaria de apelación y dejó firme una de las condenas judiciales más emblemáticas en la historia reciente de la política argentina. En Mendoza, el PJ llamó a una reunión de urgencia ante la inminente detención de la ex presidenta.