-El juez Cormick sostuvo que el protocolo antipiquetes restringía derechos y usurpaba facultades del Congreso
-Aceptó un amparo colectivo presentado por el CELS
La Justicia anuló el protocolo antipiquetes y el Gobierno apelará la medida.
La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich al considerar que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones del Congreso y restringió derechos fundamentales. El fallo del juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su resolución, el magistrado cuestionó la falta de sustento legal de la medida y señaló que el Poder Ejecutivo no puede reglamentar por vía administrativa derechos constitucionales como la protesta y la libertad de expresión. También advirtió que el protocolo habilitaba intervenciones policiales sin una ley previa del Congreso, lo que configuró —según el fallo— una extralimitación de funciones.
La resolución cuestionada habilitaba a las fuerzas federales, junto con el Servicio Penitenciario Federal, a intervenir de inmediato ante cualquier corte o bloqueo de calles sin necesidad de orden judicial previa. Además, preveía la identificación de manifestantes y organizadores, el relevamiento de vehículos y la posibilidad de aplicar sanciones, aspectos que fueron fuertemente cuestionados por los impulsores del amparo.
Desde el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Seguridad, anunciaron que apelarán la decisión judicial y ratificaron el valor operativo del protocolo antipiquetes como herramienta para mantener el orden público. Funcionarios afines a la exministra Bullrich sostienen que la medida es necesaria para garantizar la libre circulación y evitar caos en el espacio público.
En su fundamentación, el juez Cormick señaló que la Constitución reserva de manera exclusiva al Congreso la facultad de legislar en materia de derechos y garantías, por lo que una resolución administrativa no puede restringirlos de forma sustancial. El fallo también subrayó que cualquier regulación de este tipo debe respetar los procesos constitucionales y no sustituir la función normativa del Legislativo.
La sentencia representa un revés judicial para la actual y anteriores gestiones del Ministerio de Seguridad y podría tener impacto en la forma en que las fuerzas de seguridad intervienen en manifestaciones sociales. Mientras tanto, la apelación anunciada por el Ejecutivo promete extender la disputa legal a instancias superiores.