- La SIDE fue reconfigurada mediante un decreto del 31 de diciembre del 2025.
- Ahora admite a los espías como policías en caso puntuales.
Cristian Auguadra, titular de la SIDE.
La reciente publicación del decreto de necesidad y urgencia DNU 941/25, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso una profunda reestructuración de la SIDE, en particular, y del sistema de inteligencia, en general, ha desatado un nuevo foco de conflicto institucional. Mientras la Casa Rosada defiende la medida, la oposición la crítica por antidemocrática.
Para el Gobierno, es un paso necesario hacia la modernización y la transparencia, pero diversos sectores de la oposición política han alzado la voz para cuestionar la metodología empleada, advirtiendo que una reforma de tal calibre no debe eludir el debate en el Congreso.
En un comunicado emitido este viernes, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) fundamentó los cambios bajo la premisa de que la nueva estructura responde a "los más altos estándares democráticos y republicanos". Según las autoridades, el decreto tiene como objetivo central proteger a la Argentina frente a las "amenazas contemporáneas", delimitar competencias que hasta ahora resultaban difusas y fortalecer los controles estatales sobre los organismos de seguridad.
El decreto, en el artículo 19 prevé que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Sin embargo, la arquitectura legal elegida por la gestión del Presidente Milei ha generado rispideces en el ámbito legislativo. Desde el bloque Provincias Unidas, su presidenta, Gisela Scaglia, fue contundente al marcar la cancha: “Defendemos una regla básica: sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU”.
En la misma línea crítica se manifestó Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica, quien apeló a una comparación histórica para ilustrar la gravedad institucional que, a su juicio, reviste la medida. “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”, sentenció Ferraro, cuestionando la ausencia de un debate plural con “pesos y contrapesos institucionales”. A pesar de estos reclamos y del anticipo de que la Comisión Bicameral de Inteligencia solicitará informes detallados, el oficialismo contaría con los votos necesarios para sostener la vigencia de la norma.
Desde la óptica oficial, la reestructuración se presenta como una respuesta a los desafíos globales y al nuevo posicionamiento geopolítico de la Argentina. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el decreto no altera la cúpula de la SIDE: el organismo continuará bajo la conducción de Cristian Auguadra, secundado por Diego Kravetz. Cabe destacar que Auguadra, un funcionario de carrera en la estructura de inteligencia, llegó a la titularidad tras su paso por el área de Asuntos Internos, cargo en el que fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.
El eje técnico de la reforma se centra en la "trazabilidad" y la eliminación de superposiciones. El texto oficial detalla la disolución de organismos considerados redundantes, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, se establece una división tajante de tareas: la seguridad interna quedará bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad Nacional; la producción de inteligencia militar corresponderá al Estado Mayor Conjunto; y la protección de infraestructuras críticas y sistemas de información será responsabilidad de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Un punto neurálgico del decreto es la redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional. Su rol se limitará estrictamente a tareas de contrainteligencia. Las autoridades subrayaron que esta función se define ahora de manera "clara y taxativa" para proteger al Estado de la injerencia externa, buscando dejar atrás "prácticas del pasado" vinculadas a la persecución política y el espionaje doméstico contra dirigentes y periodistas.
Finalmente, el Gobierno apuesta a un nuevo esquema de intercambio de información basado en la automatización y el registro obligatorio de requerimientos. Con esto, aseguran, se busca eliminar la discrecionalidad y fortalecer los controles presupuestarios y legales sobre un sistema que, históricamente, ha operado en las sombras.