Un grupo de senadores provinciales de distintos bloques de la oposición presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de protección de glaciares a nivel provincial, en respuesta a la reciente reforma impulsada Javier Milei. La iniciativa busca meter al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
El proyecto fue presentado por los senadores Félix González (Fuerza Patria), Dugar Chappel (Partido Verde), Flavia Manoni (La Unión Mendocina), Gerardo Vaquer y Cristina Gómez (PJ). Según explicaron, el objetivo es “blindar los glaciares con rigor científico” y evitar posibles márgenes de discrecionalidad en la protección de las reservas hídricas.
La propuesta surge tras la promulgación de la reforma de la Ley de Glaciares, que redefinió el alcance de la protección ambiental a nivel nacional. Entre los cambios más relevantes, la nueva normativa limita la preservación estricta a zonas con “función hídrica comprobada o relevante”, lo que impacta especialmente en áreas periglaciares y en los glaciares de escombros, muchos de ellos ubicados en zonas de interés minero. Además, se redujo el rol del IANIGLA, que pasó de tener una función científica central a un carácter principalmente registral.
La estrategia de la oposición
Frente a este escenario, los legisladores mendocinos proponen restituir el protagonismo del organismo científico dentro del territorio provincial. El proyecto establece que el IANIGLA será responsable de la identificación, delimitación y validación técnico-científica de glaciares y ambientes periglaciares, con intervención “previa, obligatoria y vinculante” en toda decisión administrativa.
Asimismo, la iniciativa dispone que cualquier autorización, permiso o Declaración de Impacto Ambiental que involucre estas áreas será nula si no cuenta con un dictamen fundado del instituto. Este dictamen, además, tendrá carácter vinculante en lo referido a la existencia del recurso y su función hídrica.
El rol del IANIGLA
El texto también prevé que, hasta tanto el IANIGLA se expida, todas las áreas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares deberán considerarse bajo el máximo nivel de protección ambiental. A su vez, prohíbe a los organismos provinciales adoptar criterios técnicos distintos a los establecidos por el instituto.
Finalmente, el proyecto plantea que el Ejecutivo provincial gestione convenios con el CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo para garantizar la operatividad del IANIGLA, consolidándolo como autoridad técnico-científica obligatoria en Mendoza.