- Distintos dirigentes de la oposición bancaron una estrategia de presión al oficialismo
- El agua y la persecución a manifestantes como denominador común
Partido Verde, ex La Unión Mendocina, peronistas, Libres del Sur, lilitos y otros dirigentes impulsan proyectos en defensa del ambiente.
Las elecciones, el acuerdo oficialista con el Pro, la fractura del PJ y el reacomodamiento post electoral se vio en una foto de la oposición que se tomó en la Legislatura. El Partido Verde, kirchneristas, massistas, Libres del Sur y una parte de lo que fue La Unión Mendocina avisaron que siguen activos y se embanderaron detrás de cuatro proyectos.
Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Flavia Manoni (Compromiso Federal), Dugar Chapel (Partido Verde), Jorge Difonso y Rolando Scanio (bloque La Unión Mendocina); las distintas vertientes del peronismo estuvieron representadas por Gabriela Lizana, Gerardo Vaquer, Cristina Gómez, Roxana Escudero, Félix González y Valentina Morán aunque no hubo presencia del ciurquismo ni referentes de peso del sector de los intendentes del PJ. Los concejales Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica), Silvina Anfuso (Libres del Sur), Silvina Camiolo y Palma Martin (que fueron parte del Frente Verde) además de Carolina del Castillo, David Fiore, Ricardo García, Paula García, entre otros, estuvieron.
La agenda común está centrada en la protección de los glaciares, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y la defensa de quienes cuidan el ambiente. Ante lo que calificaron como un avance sobre las reservas estratégicas de agua dulce y un contexto de creciente presión sobre quienes defienden el ambiente, referentes de distintos espacios políticos y sociales presentaron en la Legislatura de Mendoza y en Concejos Deliberantes un paquete de iniciativas orientadas a proteger el agua, fortalecer la participación ciudadana y garantizar derechos ambientales.
Los referentes advirtieron que este conjunto de proyectos surge en un contexto internacional alarmante, marcado por el reciente informe de Naciones Unidas que declara una “quiebra hídrica global”, y alertaron sobre los riesgos de avanzar en modificaciones a la Ley de Glaciares que podrían debilitar la protección de fuentes clave de agua.
1. Cumplimiento del Acuerdo de Escazú en Mendoza: se presentó un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Seguridad y Justicia para que informe sobre la existencia y aplicación de protocolos de protección para activistas ambientales.
El Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina desde 2021, obliga al Estado a garantizar un entorno seguro para quienes defienden el ambiente, prevenir y sancionar amenazas, intimidaciones o ataques, evitar la criminalización de la protesta y los litigios abusivos. En este marco, los autores remarcaron la necesidad de saber si Mendoza cuenta con herramientas concretas para cumplir con estos estándares internacionales.
2. Declaración para impulsar una Ley Nacional anti-SLAPP: se impulsa un proyecto para solicitar al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley anti-SLAPP, orientada a evitar el uso de demandas judiciales como mecanismo de presión o silenciamiento. “Buscamos que ningún ciudadano tenga miedo de denunciar o participar del debate público por temor a enfrentar un proceso judicial abusivo”, señalaron.
3. Defensa de la Ley Nacional de Glaciares: a través de un proyecto de declaración, se solicitó a los legisladores nacionales por Mendoza que defiendan activamente la Ley N.º 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglacial.
Los referentes advirtieron que modificar la definición de ambiente periglacial para habilitar actividades extractivas “implica un riesgo directo sobre las reservas de agua en una provincia donde más del 95% del recurso proviene del deshielo”. Además, reclamaron que cualquier debate se base en evidencia científica independiente y no en intereses económicos de corto plazo.
4. Proyecto de Ley anti-SLAPP en Mendoza: a nivel provincial, se presentó una iniciativa para incorporar herramientas legales que permitan detectar y frenar tempranamente demandas abusivas. Entre sus principales ejes se destacan la identificación de demandas con asimetría de poder o montos desproporcionados, la suspensión del proceso mediante una “excepción anti-SLAPP” y sanciones económicas a quienes utilicen la justicia como mecanismo de hostigamiento.
Los impulsores remarcaron que el objetivo de este paquete de proyectos es fortalecer las herramientas institucionales para proteger el ambiente, garantizar la participación ciudadana y resguardar a quienes defienden el territorio. “El agua no se produce, se conserva. Es un derecho humano y no un privilegio. Donde fluye el agua, crece la igualdad ”, señalaron.
En ese sentido, los dirigentes concluyeron que proteger las reservas naturales de agua es una condición indispensable para el desarrollo de Mendoza, y que frente al escenario global de crisis hídrica, “cada decisión cuenta y cada acción es determinante”.