El fiscal Juan Ticheli pidió que 13 imputados de la causa de las cooperativas de Las Heras vayan a juicio. El pedido alcanza a funcionarios del municipio.
Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras.
Facebook Daniel OrozcoLa investigación de la causa de las cooperativas en Las Heras concluyó después de dos años. El fiscal Juan Ticheli presentó un escrito de 73 páginas explicando los motivos para que los 13 imputados, entre los que están el ex intendente Daniel Orozco; la ex Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, y hasta dos funcionarios actuales, vayan a juicio.
Un Tribunal Colegiado, que debe ser sorteado, y luego sus integrantes, deberán aceptar o rechazar el pedido del magistrado. El extenso escrito detalla los hechos, las pruebas de todo tipo y finalmente se detiene en cada uno de los imputados que están en una causa que busca responsabilidad en el manejo de fondos públicos por más de $35 millones de pesos.
Ticheli divide a los participantes del expediente en dos grupos. “Durante el año 2021 y hasta el año 2023, con la finalidad de obtener dinero público de la Municipalidad de Las Heras con un claro perjuicio para el patrimonio municipal", hay un "un primer grupo de funcionarios públicos pertenecientes al ente municipal, integrado por una parte por 1) el Intendente Mario Daniel Orozco, 2) la Secretaria de Gobierno Janina Ortiz y 3) el Sub Secretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart, en su condición de coautores materiales".
Y por otra parte están "1) el Jefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio, 2) el agente municipal contratado, Juan Pablo Pandolfi, 3) el contador Daniel Germán Herrera y 4) el agente municipal contratado, Adrián Alejandro Pérez (a) “Moco”, en su condición de partícipes necesarios, planificaron y ejecutaron con el fin ya referido, una maniobra u operación conjunta, mediante la manipulación administrativa y el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1112 y 1127 y de las contrataciones directas N° 3086 y 3101, utilizando una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras".
El organismo había sido creado "para realizar tareas de reciclaje, pero que en la realidad de los hechos tenía por fin obtener el pago de dinero de parte del municipio por servicios que no fueron prestados en las condiciones legalmente establecidas. En efecto, la maniobra u operación antes mencionada, fue ejecutada utilizando deliberadamente la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, la que había sido constituida bajo el Programa “Las Heras Verde”, pero que antes de ocurrir los hechos investigados se encontraba inactiva y sin funcionamiento, y de la que los sindicados se valieron y utilizaron para acceder a licitaciones públicas y a contrataciones directas promovidas y direccionadas, para obtener de esta manera recursos dinerarios del ente municipal referido", expresa Ticheli.
Por otra parte, enumera a los integrantes de otro grupo de funcionarios públicos del ente municipal referido: "1) el Secretario de Hacienda, Carlos Arturo Nofal, 2) el Director de Asuntos, Legales Mauro Sebastián Homan, 3) el Director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle, 4) el Director de Contaduría, Leandro Tassi, 5) el Subdirector de Contaduría, Javier Tolín y 6) la Directora de Tesorería, Patricia Díaz, "actuando por negligencia y/o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, permitieron, al no cumplir con el deber legal y funcional de control que su posición individual e institucional les imponía, que los funcionarios del primer grupo ya referido concretaran la obtención del dinero municipal".
En el escrito, Ticheli remarca que a través de la Dirección de Capital Humano se remitió Informe sobre la Comisión de Preadjudicación de Ofertas, el cual establece en su artículo 1 que "la comisión de preadjudicación deberá ajustar sus dictámenes al régimen legal que en cada caso corresponda aplicar. Se integrará por tres áreas: el área perteneciente a la hacienda pública, a fin de analizar los aspectos económico-financieros del proceso; el área legal a fin de controlar que los procesos se ajusten a derecho; y el área a la que pertenezca la dependencia solicitante de la contratación, a fin de analizar la conveniencia de las propuestas. La comisión podrá además solicitar a otras oficinas los informes técnicos que estime pertinentes, con carácter previo a la emisión de su dictamen”.
"El asunto es relevante para cuando se analice el actuar negligente de aquellos funcionarios que por su intervención facilitaron la sustracción por parte de los autores", indica el fiscal en relación a Janina Ortiz, Carlos Nofal y Mauro Homan, quienes formaban parte de esta comisión.
De acuerdo al requerimiento, el ex intendente de Las Heras basó su defensa "en una cuestión de imposibilidad de su autoría en el delito, argumentando la atribución funcional por ordenanzas municipales" en la figura de Osvaldo Oyenhart, ex subsecretario de Políticas Sociales de la comuna del manejo de esos fondos.
Orozco declaró que Oyhenart "llegó a trabajar con él en la Municipalidad de Las Heras por recomendación de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo. Y que cuando decide presentarse con otro partido, la Unión Mendocina, Cornejo le dijo a solas 'si te vas, vas a caminar todos los días los peldaños del palacio judicial por causas que te voy a hacer' atribuyendo entonces la existencia de esta causa a razones políticas".
Sin embargo, no pudo explicar las palabras de dos testigos quienes "fueron muy claros en insistencias suyas para un subsidio o contratos para cooperativas de trabajo". Tampoco pudo explicar Orozco "por qué desvió la función de limpieza de la Secretaría de Obras y Servicios hacia la de Gobierno, a cargo de su mujer".
"Invocó que por las licencias por covid había muchos empleados de limpieza faltando, pretendiendo dar con ello razones para las licitaciones o contrataciones, sin dar razones válidas y creíbles de por qué siendo una pandemia, es decir, una enfermedad que afecta a todo el globo, no habría licenciados por covid en una cooperativa de trabajo y sí en la empresa tercerizada de limpieza integral urbana", dijo el fiscal.
Orozco también aseguró no haber hablado con Oyenhart sobre una cooperativa de trabajo "cuando como pudimos advertir, en el chat de Mostaccio con Pandolfi, y Oyhenart llegan claras las instrucciones e insistencias de Orozco para que se motorice 'esta cooperativa', quedando también sin explicación solvente palabras como las de Vicenta González, Amalia Bisacco y más específicamente Alicia Montoya, bonaerense, de quienes no se puede argumentar alguna afiliación partidaria, como para sostener la 'teoría política'".
El que lo dejó expuesto fue su ex candidato a intendente por La Unión Mendocina, Martín Bustos quien fuera presidente del Honorable Concejo Deliberante. Dijo saber "que había que hacer ingresar a unas personas, por pedido de la oposición, a 'la cooperativa que Mostaccio estaba armando por insistencia de Orozco'.
Po otra parte, Orozco "negó conocer a Adrián (a) Moco Pérez, cuando han sostenido otros imputados que todos los funcionarios lo conocían, y además se ha probado que tiene unas características personales muy particulares. Trabajaba en la oficina de Oyhenart, contiguo a su esposa, de quien se ha probado hasta esta instancia que controlaba todo lo que pasaba en el municipio".
"Ni un alfiler se movía si ella no lo sabía. Oyhenart por su parte, era de tal confianza de Orozco que en dicho emprendimiento político nuevo revestía la condición de apoderado de la cuenta bancaria y jefe de campaña local", dice el escrito del fiscal.
Párrafo aparte fueron los dos fallos lapidarios del Honorable Tribunal de Cuentas que preside Néstor Parés y sobre los cuales Orozco sembró dudas por las diferencias políticas. No obstante, nunca objetó oportunamente la intervención del Presidente del órgano de control".
La ex Secretaria de Gobierno y diputada suspendida en su cargo luego de asumir ingresando por las listas de La Unión Mendocina, reconoció "sólo algunas de sus firmas en los expedientes administrativos cuestionados y negando la gran mayoría, argumento que ha sido descartado de plano luego de la contundente pericial caligráfica ya aludida".
"Luego, pretendió restar importancia a su intervención en los procesos administrativos, cuando hemos visto que todos se han generado en su Secretaría, con su visto bueno. Además, ha firmado aval en la comisión de preadjudicación, cuando al ser preguntada específicamente cómo una cooperativa de tan sólo once cooperativistas iba a reforzar el servicio de limpieza del departamento de Las Heras, el quinto departamento más extenso en superficie dentro de la Provincia de Mendoza", argumenta Ticheli.
La excusa de Ortiz fue decir que “una vez que se hace el pedido yo no veo quién se presenta”. Así, "siguió el argumento de su esposo, en el sentido que la empresa tercerizada VITSA tenía parte de su personal afectado por covid, sin explicar suficientemente cuál sería la diferencia en salud o bienestar con cooperativistas de trabajo".
"Finalmente, al ser confrontada de por qué estaban sus firmas en las distintas planillas y facturas que iba presentando la cooperativa para el cobro, pretendió justificarse diciendo que 'era una formalidad para que se realice el pago luego que haya constatado el área de auditoría de legales que la cooperativa cumplió el servicio'", expresa.
Dicho en otras palabras, el magistrado explica que tanto Ortiz como Oyhenart "eran los funcionarios públicos encargados de la recepción de bienes y servicios, por eso no hay firma de nadie de Auditoría en las planillas y facturas más que de ellos dos. Certificaron con su firma la prestación del servicio, en clara infracción de la ley, porque eran los solicitantes y suscribientes de los dictámenes a favor de la misma Cooperativa".
"El espíritu de la normativa es claro, busca evitar la infidelidad y los desvíos, por eso manda a que sean mínimo dos funcionarios públicos, y distintos de los que han intervenido en el proceso anterior. Aquí fueron siempre ellos mismos. Manipulación total", dice, lapidario, el fiscal.
Por otra parte, Ortiz "invocó que sería estúpida la maniobra 'porque treinta y cinco millones divididos entre tantas personas ni un auto se podría comprar', cuando lo que se acusa no es por enriquecimiento ilícito, sino por sustracción de fondos públicos".
En la lista de los imputados que incluyó Ticheli para la elevación a juicio, están dos actuales funcionarios de la comuna que fueron parte en la era Orozco y renunciaron cuando la situación política ardía luego del salto del médico al frente La Unión Mendocina que lo llevó como candidato a vicegobernador.
Uno de ellos es Mauro Homan, actual Secretario Legal y Técnico y ex titular de Asuntos Legales del municipio. De acuerdo al requerimiento, el funcionario "expuso que entendía que su imputación en esta causa obedecía al control que hace el Tribunal de Cuentas. Pero que en este caso había sido eximido de culpa y cargo, por lo cual su función había sido cumplida correctamente".
Explicó que le tocó intervenir en estos procesos administrativos como integrante de la Comisión de Preadjudicación, "pero en una función secundaria, al no tener los municipios la estructura burocrática que sí tiene el estado provincial. Añadió que el dictamen de la comisión no es vinculante, y en la municipalidad la voz del municipio, el acto administrativo es del Intendente. Los demás sólo hacían meros actos preparatorios".
Ticheli indica que, de acuerdo a lo dicho por Homan, "en la comisión sólo analizaban la oferta, es decir el sobre económico, pero no la calificación del sujeto oferente, lo técnico y jurídico, el sobre A. Todo el proceso de gasto lo hacía la Dirección de Compras, de hecho la comisión no tenía una oficina, eran funcionarios de otras áreas que eran llamados para ver el borrador del dictamen y firmar".
También hay una serie de hechos en los que se habla de presiones, llamadas y "alto estrés por cumplir los designios del Intendente, y que a veces las decisiones estaban antes de los procedimientos. No había una vocación por cumplir las normas".
"Los dichos defensivos del imputado Homan no pueden ser recibidos, al menos en esta instancia. En rigor, no es correcta la limitación y menos valía que hizo a su intervención en la comisión de preadjudicación porque no surge de la Ley 8.706, ni de su decreto reglamentario 1000/15, ni del decreto municipal que conforma dicha Comisión, el que por lo demás le daba tareas concretas de control de legalidad a él, de manera que mal puede decir que sólo hacía un análisis de la oferta, pero no lo técnico o lo jurídico", dice Ticheli.
Para el fiscal "lo correcto hubiese sido, ante presiones y supresiones de controles, su apartamiento de la tarea. Justamente, en la teoría del caso de este Ministerio, su intervención negligente es lo que ha posibilitado que los autores no encontraran los obstáculos, fundados en requisitos legales y de prudencia, para poder desarrollar la maniobra al punto de su consumación".
"Resulta intrínsecamente contradictoria su posición. Por un lado, sostiene que en el proceso administrativo municipal cada funcionario basa su intervención en la confianza del examen y control del anterior. Que hizo bien su tarea. Pero por otra parte, enfáticamente hizo alusión a quela idoneidad y aptitud brillaban por su ausencia, que la administración era un caos", expresa según el descargo del funcionario en uno de los fallos del Tribunal de Cuentas.
Javier Tolín, actual director de Haberes y Liquidación, y ex funcionario en el área de Contaduría, fue encontrado responsable (junto a Leandro Tassi) "por su actuar negligente dentro de los procedimientos administrativos cuestionados, en el Fallo del HTC N° 18.025 aludido (ejercicio 2.022) los dos acusados, y en el Fallo del HTC N° 18.198 también citado (ejercicio 2.023)".
Diego Javier Tolín, se excusó en términos generales de manera similar a como lo había hecho a su turno Homan: “Nuestro control de legalidad es formal, si un funcionario responsable ha dado el visto bueno continuamos para adelante sobre la base de la confianza en que aquel que nos precede realizó bien su trabajo. Resulta imposible una gestión en donde toda la documentación de cada expediente sea puesta en tela de juicio. Menos en un municipio en el cual la aptitud e idoneidad brillaban por su ausencia, y en el cual las presiones tanto del Intendente, como de la Secretaria de Gobierno, y el imputado Osvaldo Oyhenart (Subsecretario de Políticas Sociales) para acelerar los trámites estaban a la orden del día. Los llamados telefónicos apremiantes para agilizar trámites, y los 'enviados especiales' eran moneda corriente”.
"Las pruebas documentales que recibimos en la Contaduría Municipal, resultaban ser a prima facie actos administrativos válidos emanados de autoridad competente, documentación esta que se exigía en todo proceso de pago del Municipio…rigiendo el principio de presunción de legitimidad", indicó.
Ticheli sostiene que "esta es, justamente, la teoría del caso de este Ministerio Público Fiscal. Se usaron instrumentos públicos falsos para aparentar la efectiva prestación de servicios de una cooperativa “que nunca funcionó”. Ahora bien, los funcionarios públicos que prosiguieron con los procesos Tassi y Tolín, no obstante la presunción de legitimidad de dichas planillas, tenían a la vista elementos para dejar su objeción, y debían hacerlo. Les cabía por imperativo normativo".