El Gobierno de Mendoza finalizó en el Sur provincial las reuniones que definirán el proyecto de ley para una gestión integrada y territorial de residuos.
El proyecto de ley que será enviado a la Legislatura provincial reemplazará la normativa vigente desde 1992.
Con encuentros en San Rafael, General Alvear y Malargüe, el Gobierno de Mendoza concluyó la agenda de trabajo para definir una nueva ley de gestión de residuos. El proyecto, con enfoque ambiental y territorial, será enviado a la Legislatura para reemplazar el marco vigente desde 1992.
El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza finalizó esta semana una ronda anual de reuniones con los municipios para construir una legislación moderna de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). La última etapa se desarrolló en el sur provincial, con encuentros en San Rafael, General Alvear y Malargüe, y marcó el cierre de una agenda federal que recorrió todo el territorio mendocino.
El proyecto de ley que será enviado a la Legislatura provincial reemplazará la normativa vigente desde 1992 y propone establecer un nuevo sistema de gestión coordinada, con énfasis en la sostenibilidad, la inclusión social y la eficiencia operativa.
Separación obligatoria de residuos en origen.
Capacitación ciudadana y programas de concientización.
Fortalecimiento de infraestructuras locales y regionales.
Disminución progresiva de los gases de efecto invernadero.
Incentivos para municipios comprometidos con el reciclaje y la economía circular.
Participación activa de universidades para fiscalización y asesoramiento técnico.
El nuevo marco normativo proyecta metas adaptadas a cada municipio, teniendo en cuenta la diversidad territorial de Mendoza. El objetivo es garantizar un proceso equitativo, sin dejar de avanzar en:
La erradicación de basurales a cielo abierto.
La actualización de ordenanzas locales.
El aumento en los índices de recuperación y reciclaje.
El fortalecimiento de circuitos de economía circular.
Asimismo, se establecerán entidades de gestión interjurisdiccionales y se promoverá un trabajo articulado con universidades públicas, que tendrán un rol clave en auditorías e inspecciones. Esto permitirá profesionalizar el control de residuos y acompañar a los gobiernos locales con soporte académico.
La iniciativa ya cuenta con herramientas previas implementadas por el Ejecutivo, como el Registro Provincial de sitios para disposición final segura de residuos, creado a principios de 2025. Este registro establece estándares de tecnología e infraestructura que los municipios deben cumplir para recibir certificaciones anuales.