La nueva norma obliga a identificar al funcionario responsable cuando se admite una causa por silencio estatal. Apunta a frenar la burocracia en Mendoza.
La ley deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo de Mendoza en los próximos días.
La Legislatura de Mendoza aprobó una ley que sanciona la negligencia estatal en casos de “denegación tácita”. Se trata de un agregado al Código Procesal Administrativo que obliga a identificar al funcionario responsable cuando la Corte admite una acción por silencio. El objetivo: más eficiencia, menos burocracia e impunidad.
Con el apoyo unánime de los bloques, el Senado mendocino dio sanción definitiva al proyecto que incorpora el artículo 38 bis a la Ley N.º 3918 (Código Procesal Administrativo). Impulsada por el senador Armando Magistretti (Partido Demócrata), la iniciativa apunta a combatir una práctica frecuente en el Estado: la “denegación tácita”, es decir, cuando un expediente administrativo queda sin respuesta por parte del organismo correspondiente.
Según explicó el autor del proyecto, este tipo de omisiones genera indefensión en los ciudadanos que reclaman por vía administrativa y promueve chicanas burocráticas. El nuevo artículo establece que, en esos casos, la Suprema Corte deberá identificar al agente responsable de la mora y exigir al organismo demandado que aplique las sanciones previstas en la Ley 9003, que regula faltas por negligencia.
La norma ya contemplaba que el máximo tribunal puede admitir acciones por denegación tácita (art. 6° de la ley), pero ahora se establece una consecuencia directa para el agente que no respondió. Concretamente, cuando la Corte admita una acción bajo esta causal, deberá dejar constancia en su auto de admisión del funcionario negligente y comunicarlo al área correspondiente para que sea sancionado.
“No se trata de perseguir empleados, sino de corregir una cultura de evasión de responsabilidades”, explicó Magistretti. “El silencio administrativo no es una opción: vulnera derechos y posterga soluciones, y el Estado debe dar el ejemplo en cuanto a cumplimiento de plazos y deberes”.
Durante el debate, las distintas bancadas coincidieron en que la norma busca no solo agilizar la gestión pública, sino también fortalecer la confianza ciudadana en el Estado. Desde ahora, los funcionarios deberán responder en tiempo y forma o enfrentar consecuencias concretas.
La ley deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo en los próximos días. Representa un paso hacia una administración más transparente, eficiente y orientada al ciudadano, donde el incumplimiento de funciones deje de ser una práctica impune.