- La agenda minera dio un paso más con la media sanción a las regalías.
- La iniciativa contempla un tope del 5% para proyectos anteriores.
Miércoles minero en Diputados.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl miércoles minero en Diputados avanzó con la media sanción al proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece el régimen jurídico para la percepción de regalías mineras derivadas de la explotación de los recursos minerales en la provincia.
La iniciativa obtuvo 39 votos afirmativos y 6 negativos, emitidos por los diputados José Luis Ramón (CyC), Valentina Morán (PJ), Roxana Escudero (PJ), Rolando Scanio (LUM), Jorge Difonso (LUM) y Emanuel Fugazzotto (PV). El proyecto se adecua a la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras y a la adhesión provincial vigente, definiendo los mecanismos de cálculo y control de las regalías, garantizando trazabilidad y responsabilidad ambiental en toda la cadena productiva. Asimismo, establece que parte de los fondos se destinará a los municipios que adhieran a la norma.
La propuesta fija el régimen jurídico aplicable a la percepción, determinación, liquidación, control, distribución y destino de las regalías mineras, conforme a los principios de la legislación vigente. La extracción de sustancias minerales de primera y segunda categoría, según los artículos 3 y 4 del Código de Minería de la Nación, quedará sujeta al pago de regalías. El decreto reglamentario definirá el momento en que nace la obligación de pago, según la naturaleza de la explotación.
El régimen alcanza a todas las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que exploten, industrialicen o comercialicen minerales otorgados por el Estado provincial. En caso de existir más de un titular, todos serán solidariamente responsables del pago total de la regalía. Quedan exceptuadas las microempresas, según la definición de la Ley 25.300, y la extracción de minerales destinados a investigación científica o cultural.
En cuanto al monto, se establece una alícuota del 3% sobre el valor “boca mina”. Para proyectos que no hubieran iniciado la etapa de explotación antes de la entrada en vigencia de la norma, se aplicará un porcentaje progresivo y móvil, que no podrá superar el 5%, conforme a parámetros objetivos definidos por la reglamentación. Además, se prevén reducciones o regímenes diferenciales para proyectos con agregado de valor local, uso de tecnologías limpias, infraestructura con impacto social, o cumplimiento de estándares ambientales y de inclusión.
La norma contempla infracciones y sanciones, y define la distribución de la recaudación. El 88% de lo percibido irá a Rentas Generales, de los cuales el 15% se destinará al Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, creado por esta ley. Dicho fondo financiará proyectos de desarrollo económico, social y territorial, además de infraestructuras socioambientales vinculadas al control y monitoreo de la actividad minera. Podrá administrarse bajo la modalidad de fideicomiso u otra figura legal idónea.
El 12% restante se distribuirá entre los municipios donde se realice la extracción y que hayan adherido al régimen, con destino exclusivo a obras públicas, infraestructura económica, social, ambiental y productiva.
La fundamentación oficial sostiene que el proyecto establece un régimen claro, equitativo y transparente, que garantiza la participación provincial y municipal en los beneficios económicos de la minería, asegurando recursos para el control ambiental y el desarrollo local. Se subraya que la sanción de una ley moderna aporta certeza regulatoria, mejora la calidad institucional y favorece la atracción de inversiones responsables, consolidando estándares de control y trazabilidad necesarios para sostener la licencia social de los proyectos.
Durante el debate, el diputado Jorge López (UCR) destacó que la propuesta “establece el régimen jurídico” y que las regalías claras generan reglas de juego predecibles, evitando especulaciones y permitiendo la planificación a largo plazo. Señaló que la recaudación permitirá financiar proyectos de infraestructura económica, social y ambiental, generando empleo y oportunidades. López subrayó que el proyecto aporta seguridad jurídica, define metodologías de cálculo y reduce la discrecionalidad.
Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV) adelantó su voto negativo, argumentando que todos los proyectos mineros deberían iniciar con una alícuota del 5%. Consideró que el proyecto “no es innovador ni progresista” y que repite fórmulas que ya fracasaron.
La diputada María Eugenia De Marchi (UCR) defendió la iniciativa como “un gran avance” y “una modernización del régimen”. Recordó que el artículo 124 de la Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, por lo que es responsabilidad de Mendoza ejercer esa potestad con reglas claras y previsibles. Destacó que la norma aportará certeza regulatoria y promoverá inversiones que generen empleo y crecimiento, en armonía con el RIGI aprobado por el Congreso en 2024.
En cambio, el diputado Jorge Difonso (LUM) cuestionó la propuesta, afirmando que “afecta seriamente el patrimonio de los mendocinos”. Señaló que las regalías deberían ser variables según la negociación entre el gobierno y las empresas, y calificó la iniciativa como “peor que la Ley de Inversiones Mineras de los noventa”.