El Gobierno de Milei justificó la decisión en la corrupción. Licitarán 9.120 kilómetros de rutas que ahora serán responsabilidad del sector privado.
“La obra pública ha sido un agujero negro para el Estado argentino. Eso se terminó”, insistió Adorni.
El presidente Javier Milei oficializó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo clave del Estado argentino que durante décadas planificó, ejecutó y mantuvo rutas nacionales. El anuncio fue hecho por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que se trata de “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública ”. Sin embargo, la decisión encendió críticas.
“La Dirección Nacional de Vialidad será cerrada por decreto. El presidente ha decidido terminar con una estructura que se utilizó como vehículo para el saqueo del país”, dijo Adorni, aludiendo a la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. “Esto es mucho más que una reforma administrativa: es una señal política”, agregó.
Según el funcionario, el Gobierno lanzará licitaciones por 9.120 kilómetros de rutas que ahora serán responsabilidad del sector privado. “Por décadas se despilfarraron recursos. Ahora habrá licitaciones transparentes y competencia real”, sostuvo.
Pero desde los gremios y sectores técnicos surgieron advertencias: “Reducir Vialidad a una oficina corrupta es una falta de respeto para los miles de trabajadores que se rompen el lomo planificando y manteniendo rutas en condiciones”, cuestionó un delegado del personal técnico, quien pidió reserva de identidad. “Esto no es una modernización, es un desmantelamiento del Estado”.
Desde la oposición, las voces también fueron contundentes. Un senador de una provincia del Norte Grande expresó: “Sin Vialidad Nacional, muchas rutas secundarias y estratégicas quedarán libradas a su suerte. ¿Quién va a venir a invertir en caminos rurales de baja circulación?”.
El Gobierno defendió la medida asegurando que “los 65 decretos delegados dictados en el último año generaron un ahorro de 2.000 millones de dólares”. Pero las dudas persisten sobre el impacto territorial. “¿Quién planificará la conectividad federal? ¿Quién hará las obras en zonas que no son rentables? Esto no tiene respuestas claras”, planteó un exdirector del organismo.
Además de Vialidad, se dispuso el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
También se transformará la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva entidad absorberá parte de las funciones de fiscalización y control.
“La obra pública ha sido un agujero negro para el Estado argentino. Eso se terminó”, insistió Adorni. “Ahora se abrirá el juego a la eficiencia privada”.