El Decreto N°111, fechado el 26 de enero de 2026, establece: “Apruébase un aumento en los valores tarifarios y precios vigentes de los servicios públicos de provisión de agua potable y saneamiento prestados por la empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A.P.E.M., consistente en un incremento del diecisiete por ciento (17%) a partir del mes de enero de 2026”. La norma deja abierta la puerta a revisiones bimestrales, lo que significa que los usuarios podrían enfrentar ajustes adicionales durante el año.
Justificación del aumento
El Gobierno fundamentó el aumento durante un extenso procedimiento administrativo que incluyó informes técnicos, análisis macroeconómicos y una audiencia pública. El decreto recuerda que “de no mediar una recomposición tarifaria, el flujo de fondos proyectado para el año 2026 arrojaría un déficit operativo significativo, comprometiendo la sustentabilidad económica del prestador y el normal desenvolvimiento del servicio público”. En otras palabras, sin aumento, la empresa no podía garantizar la continuidad del servicio.
En la audiencia pública del 28 de noviembre de 2025, Mingorance y el gerente general Darío Hernández defendieron la solicitud de readecuación tarifaria. Indicaron que la medida era necesaria para “equilibrar el presupuesto 2026, teniendo en cuenta básicamente el aumento a través de los índices de inflación”.
Los directivos remarcaron que las proyecciones se basan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, que anticipa una inflación superior a la prevista en el Presupuesto Nacional.
aysam
AYSAM aumentará nuevamente la tarifa del agua.
Las objeciones de la audiencia no son vinculantes
El decreto también recoge las objeciones planteadas por algunos participantes de la audiencia, quienes cuestionaron la falta de claridad en los cuadros tarifarios y denunciaron deficiencias en la infraestructura.
Sin embargo, vale recordar que las objeciones que se plantean en esa instancia no son vinculantes, es decir sólo se las registra pero no determina cambios en las decisiones que tome la empresa. El ente regulador respondió que la mayor parte de las inversiones actuales están destinadas a renovar colectores y redes con más de un siglo de antigüedad, y que existe “un nivel de transparencia pleno mediante la georreferenciación de las obras en la página oficial de la empresa”.
Dos alternativas de suba
La medida no se limita al aumento inicial de enero. El informe técnico del Departamento General de Irrigación había recomendado dos alternativas: un incremento del 17% en enero, o bien un 15% en enero más un 3,5% acumulativo en julio. Finalmente, el gobierno optó por la primera opción, aunque dejó asentado que las tarifas quedarán sujetas a revisión bimestral. En la práctica, esto significa que los usuarios deberán prepararse para otro aumento en julio.
El impacto en los usuarios
El argumento central del gobierno es que los costos de operación y mantenimiento, especialmente en rubros como recursos humanos y energía eléctrica, crecieron por encima de los aumentos tarifarios previos. “Los costos de mantenimiento e insumos eléctricos, que representan el 70% de la estructura de gastos, han evolucionado por encima de la pauta tarifaria anterior, justificando así la necesidad de la readecuación propuesta”, señala el decreto.
Para los usuarios, el impacto es inmediato. Aunque el gobierno insiste en que el aumento está “por debajo de las estimaciones de inflación para el año 2026”, lo cierto es que se trata de un tarifazo que se suma a la larga lista de incrementos en servicios básicos que enfrentan los hogares mendocinos.
Para el Gobierno, las tarifas mantienen "una racionalidad"
El decreto concluye que la medida busca “asegurar la continuidad, regularidad y calidad del servicio público de agua potable y saneamiento, preservando al mismo tiempo la razonabilidad de las tarifas aplicables a los usuarios”. Sin embargo, para los vecinos, la razonabilidad se traduce en pagar más por un servicio que todavía arrastra problemas de infraestructura y comunicación.
La vivienda y los servicios básicos son un caso paradigmático de la inelasticidad extrema entre los rubros que integran el IPC. Servicios como la electricidad, el gas, el agua y el alquiler de la vivienda son fundamentales e insustituibles. Su brutal incremento de más del 800% en dos años en Mendoza, casi el doble de la inflación general, ejerce una presión demoledora. Incluso con ingresos que acompañan al IPC, las familias se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor (casi un 43% más de su presupuesto ajustado por inflación) para cubrir estas necesidades básicas.
