Entidades sociales instaron a legisladores mendocinos a rechazar el veto de Milei, que busca garantizar prestaciones básicas y evitar mayor exclusión.
Organizaciones mendocinas advirtieron que “la emergencia es real” y pidieron a diputados nacionales revertir el veto presidencial a la Ley de Discapacidad.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaUn conjunto de organizaciones sociales y colectivos vinculados a la discapacidad en Mendoza enviaron un pedido formal a los diputados nacionales de la provincia para que acompañen la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras el veto presidencial de Javier Milei. El escrito advierte sobre la pérdida de derechos esenciales y señala que “ la emergencia es real y no supuesta”.
El documento fue remitido a cada legislador nacional por Mendoza, con el objetivo de lograr que la Cámara Baja revierta el veto del Poder Ejecutivo. “Contamos con su apoyo a este proyecto, que representa una oportunidad única para dar respuesta a una deuda histórica con las personas con discapacidad”, señala el texto.
En la carta se enumeran los riesgos inmediatos que genera el veto: “Estamos hablando de la suspensión de pensiones no contributivas, la falta de acceso a rehabilitación, transporte, medicación y apoyos escolares, además del cierre de hogares para personas sin red familiar”.
Las entidades mendocinas refutaron las declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien había asegurado que la emergencia no existía. “Decir que la emergencia es supuesta es desconocer la realidad cotidiana de miles de familias argentinas. La emergencia es real y la viven todos los días quienes no llegan a cubrir sus necesidades básicas”, remarcaron.
Además, cuestionaron la falta de actualización de los aranceles que financian las prestaciones de las obras sociales y el Estado: “El atraso es brutal y se traduce en menos terapias, menos tratamientos y más exclusión”.
En otro tramo, el comunicado advierte que la falta de asistencia tendrá un costo mucho mayor a futuro: “No asistir a las personas con discapacidad hoy implica atenderlas mañana en condiciones más graves y más costosas. La falta de apoyo no solo genera sufrimiento, sino que también agrava la vulnerabilidad social”.
Asimismo, se cuestiona la negativa del Gobierno nacional a financiar el proyecto: “Decir que la ley no tiene financiamiento es, en los hechos, renunciar a gobernar. No es función de los legisladores resolver los recursos, sino de los funcionarios que deben garantizar políticas públicas”.
El texto subraya que la Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar el acceso a derechos básicos ya reconocidos en tratados internacionales: “No estamos pidiendo privilegios, sino igualdad de oportunidades para quienes siempre han sido postergados”.
Finalmente, el comunicado cierra con un mensaje directo a los representantes mendocinos: “La historia los observará. Su decisión puede significar la diferencia entre la inclusión y la exclusión definitiva de miles de ciudadanos y ciudadanas”.