Una fuerte advertencia sonó esta semana en la Legislatura de Mendoza. El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Gabriel Barroso, expuso ante la Comisión de Hidrocarburos del Senado una situación que calificó como “crítica y sin precedentes” en la industria petrolera provincial.
Según denunció, tras el traspaso de áreas de YPF a las empresas Petróleos Sudamericanos S.A. y VenOil, se paralizaron por completo las tareas de saneamiento ambiental y se perdieron más de 450 puestos de trabajo, mientras la producción cayó entre un 15 y un 18 %.
Saneamiento detenido y riesgo ambiental
El sindicato advirtió que hace cinco meses no se realizan trabajos de remediación ni prevención de contaminación. “Se dejaron de tocar los suelos contaminados y los repositorios están saturados”, dijo Barroso, quien detalló que en los últimos seis años solo se logró sanear el 20 % de las tierras afectadas.
De acuerdo con los relevamientos del gremio, existen más de 2.000 puntos de contaminación en la zona norte de Mendoza que permanecen sin tratamiento. La falta de actividad también golpea a maquinistas, choferes, geólogos y contratistas que quedaron sin tareas.
“La actividad petrolera genera filtraciones a diario, pero antes había cuadrillas que actuaban de inmediato. Hoy no hay nadie que se ocupe y la contaminación se sigue acumulando”, advirtió el dirigente.
Caída de la producción y despidos masivos
La crisis no se limita al ambiente. Según los datos presentados, la producción de crudo se redujo casi un 18 % en cinco meses, con más de 400 pozos fuera de servicio y siete equipos de mantenimiento retirados.
“Con esta baja de personal y equipos es imposible recuperar los niveles de producción que tenía YPF”, afirmó Barroso, quien también denunció más de 450 despidos en el norte provincial.
El gremio advirtió que 2.000 pozos antiguos siguen pendientes de abandono definitivo, lo que eleva los riesgos ambientales y los costos futuros.
Pasivos ambientales y falta de control estatal
Uno de los puntos más graves de la exposición fue la falta de respuesta sobre los pasivos ambientales. Según Barroso, ni YPF ni las nuevas operadoras se hacen cargo del saneamiento: “YPF dice que los pasivos no se transfieren, pero las nuevas empresas aseguran haber recibido las áreas limpias. Mientras tanto, la tierra contaminada se acumula”.
El dirigente también denunció falta de control estatal, afirmando que “los oleoductos están pinchados, los repositorios saturados y no hay inversión ni mantenimiento”.
Impacto productivo y laboral: los números de la crisis
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450 despidos directos en los últimos meses.
18 % de caída en la producción de crudo.
2.000 puntos de contaminación sin tratamiento.
2.000 pozos antiguos sin abandono definitivo.
7 equipos de workover y pulling retirados de los yacimientos.
Estos datos fueron entregados por el sindicato a la Comisión de Hidrocarburos del Senado, que evaluará citar a las operadoras para dar explicaciones en los próximos días.
Pedido al Gobierno provincial
El gremio pidió al Gobierno de Mendoza que convoque a una mesa conjunta con todas las partes involucradas para definir responsabilidades y frenar la pérdida de empleos.
“Más allá de las diferencias políticas, todos vivimos en Mendoza. Lo mejor para la provincia es que haya trabajo y se cuide el ambiente”, concluyó Barroso ante los legisladores.