La polémica por un certificado irregular de Romina Uhrig reavivó el debate.
Qué propone el Gobierno para cambiar las pensiones por invalidez
Qué propone el Gobierno para cambiar las pensiones por invalidez
La difusión de una denuncia contra Romina Uhrig, exdiputada kirchnerista y exparticipante de Gran Hermano, abrió un nuevo frente de discusión sobre las pensiones por invalidez. La polémica comenzó con la circulación de información sobre un certificado de discapacidad falso emitido en 2018 y derivó en una ofensiva del Gobierno nacional contra las irregularidades que, según sostiene, existen en el sistema.
El documento habría sido emitido cuando Walter Festa, entonces pareja de Uhrig, que era intendente de Moreno y tendría vigencia hasta 2028.
Uhrig rechazó las versiones sobre un supuesto uso indebido del documento y publicó un comprobante de pago de peaje para negar que lo utilizara para evitar ese gasto.
El episodio rápidamente pasó al terreno de la discusión política. El asesor presidencial Santiago Caputo aprovechó el caso para cuestionar el funcionamiento de las pensiones por invalidez y plantear que una parte importante de las prestaciones habría sido otorgada de manera irregular.
El asesor presidencial sostuvo que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son fraudulentas. También afirmó que Argentina tiene más pensiones de este tipo que un país que haya atravesado una guerra.
En sus publicaciones, Caputo acusó a dirigentes políticos de haber facilitado certificados a familiares, amigos y conocidos, y calificó el sistema como una de las mayores estafas de la política argentina de los últimos 20 años.
Además, cuestionó al Congreso por obstaculizar las bajas de beneficios que el Gobierno considera irregulares y por impulsar una ampliación de las prestaciones existentes.
El Gobierno vinculó el caso que involucra a Uhrig con una discusión más amplia sobre los controles estatales y el acceso a las prestaciones por discapacidad.
La discusión también tiene una respuesta legislativa. El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, con el objetivo declarado de prevenir, detectar y sancionar irregularidades.
Uno de los cambios principales es volver al criterio de invalidez laboral. La propuesta busca que tener una discapacidad no alcance por sí solo para acceder a la pensión: la persona deberá acreditar médicamente una imposibilidad total para trabajar y demostrar que cumple las condiciones económicas exigidas.
El proyecto también establece un reempadronamiento obligatorio para quienes ya reciben Pensiones No Contributivas por Invalidez. Los beneficiarios deberán actualizar su documentación personal, presentar estudios médicos y aportar información sobre su situación laboral y socioeconómica.
Si una persona no completa el trámite dentro del plazo fijado o se detectan inconsistencias durante la revisión, la prestación podrá quedar suspendida.
Otro de los cambios propuestos es eliminar la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Actualmente, el régimen vigente permite cobrar el beneficio y trabajar bajo determinadas condiciones de ingresos. La iniciativa oficial busca establecer una incompatibilidad total.
En cuanto al monto, el proyecto fija la prestación mensual en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
