En adelante, los visitantes de Cristina tendrán que cumplir condiciones más duras para verla. Lo dispuso la Justicia en el marco de la prisión domiciliaria.
Cristina Kirchner contra las cuerdas por la Justicia.
RedesLa situación judicial de Cristina Fernández vuelve a ocupar el centro de la escena política y mediática. La expresidenta, condenada a seis años de prisión, cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Sin embargo, el beneficio otorgado enfrenta nuevas condiciones: el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, resolvió que las visitas que recibe deberán ajustarse a estrictas pautas.
La comunicación conlleba la advertencia de que, en caso de incumplimiento, el régimen podría ser modificado o incluso revocado.
La resolución judicial establece que no está autorizada la visita “simultánea” de los nueve economistas que se presentaron en su domicilio, sino únicamente de manera individual. Además, se fijó un límite temporal: las reuniones con personas ajenas a su núcleo cercano no podrán superar las dos horas. A partir de ahora, cada ingreso deberá contar con una autorización expresa, individual y previa, acompañada de una motivación concreta y detallada, incluyendo fecha y hora de realización. El objetivo, según el magistrado, es garantizar un control estricto sobre las condiciones del arresto y evitar que el beneficio se convierta en un espacio de actividad política o académica sin regulación.
El episodio que motivó la advertencia judicial involucra a un grupo de reconocidos especialistas en economía y ciencias sociales. La lista incluye figuras con trayectoria en organismos públicos, universidades y consultoras privadas, lo que generó un fuerte debate sobre el alcance de las actividades permitidas en el marco de un arresto domiciliario.
Anastasia Daicich: Licenciada en Economía por la UBA, con especialización en Relaciones Internacionales en FLACSO y una maestría en la Universidad de Barcelona. Fue directora de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Economía.
Jorge Carrera: Doctor en Investigaciones en Economía por la Universitá degli Studi di Pavía. exvicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y profesor en la UNLP y la UBA. Investigador del Conicet.
Valentina Castro: Socióloga, columnista económica y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, cursa la Maestría en Economía Política en FLACSO.
Emiliano Estrada: Diputado nacional por Salta, exministro de Economía provincial y exsubsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior.
Martín Pollera: Economista de la UNLP, ex secretario de Comercio durante la gestión de Silvina Batakis y funcionario en el Ministerio del Interior bajo la conducción de Eduardo “Wado” de Pedro.
Mercedes D’Alessandro: Reconocida por su labor en economía con perspectiva de género. Fue directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía durante la gestión de Martín Guzmán. Fundadora de Economía Feminita.
Juan Pablo Futten: Contador público especializado en tributación, docente en la UBA y asesor del Senado en cuestiones fiscales.
Fernando Ausas: Licenciado en Economía por la UBA, exdirector de Asuntos Financieros Contables en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Coordina el área de análisis económico en la consultora Analogías.
Pablo Manzanelli: Doctor en Ciencias Sociales y sociólogo por la UBA, magíster en Economía Política por FLACSO. Investigador del Conicet y coordinador del CIFRA.
La decisión de Jorge Gorini no se limita a un aspecto administrativo. En el trasfondo, se percibe la tensión entre el poder judicial y la figura de Cristina Kirchner, quien, pese a su condena, mantiene influencia política y capacidad de convocatoria. La presencia de un grupo de economistas con perfiles académicos y políticos en su domicilio fue interpretada como un intento de generar espacios de debate o planificación, lo que excedería el marco de un arresto domiciliario.
El fallo busca marcar un límite claro: el beneficio no puede convertirse en un ámbito de reuniones masivas ni en un foro de discusión política. La medida también refleja la preocupación por la seguridad y el control de las condiciones de detención, en un contexto donde la exmandataria continúa siendo una figura polarizante.
La resolución abre interrogantes sobre el futuro de la relación entre Cristina Kirchner y el poder judicial. Por un lado, reafirma la autoridad de los jueces para regular estrictamente los beneficios otorgados. Por otro, expone la dificultad de separar la vida privada de una dirigente con peso político y social. La ex presidenta deberá adaptarse a un esquema más rígido, donde cada visita será objeto de análisis y autorización previa.
En definitiva, el caso pone en evidencia la tensión entre la justicia federal y una de las figuras más influyentes de la política argentina. La advertencia de que el arresto domiciliario podría ser revocado si no se cumplen las nuevas condiciones marca un punto de inflexión. La historia de Cristina Kirchner, atravesada por condenas, beneficios y restricciones, sigue escribiéndose bajo la mirada atenta de la opinión pública y el poder judicial.