ATE denunció que Sandra Pettovello acelera un plan de cesantías para 800 trabajadores que estaban "en disponibilidad".
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
El 15 de septiembre será un punto de inflexión para 800 trabajadores de planta permanente del Ministerio de Capital Humano, que comanda una de las ministras favorita de los Milei: Sandra Pettovello. Tras seis meses en el registro de disponibilidad, sus contratos serán oficialmente rescindidos, en lo que muchos denuncian como un despido encubierto. Lo denunció ATE, que ya prepara una cautelar para frenar los despidos.
La mayoría de los afectados acumula entre 15 y 30 años de trayectoria en la gestión pública, con labores centradas en políticas sociales desde el ex Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). “Nunca nos llamaron para capacitarnos ni reubicarnos. La Ley Bases fue una promesa vacía”, expresaron trabajadores que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias.
La ministra Sandra Pettovello no ha emitido declaraciones públicas sobre el operativo de desvinculación. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se presentó una medida cautelar para frenar los efectos de las resoluciones 126/2025 y 130/2025, que habilitan los despidos.
“Esto es ilegal. El Gobierno incumple su propia ley”, denunció ATE en un comunicado. El gremio también instó al Congreso a debatir un proyecto de ley que limite el ajuste presupuestario que, bajo el lema de “déficit cero”, estaría desmantelando áreas clave de asistencia social.
Además le solicitaron al poder legislativo el tratamiento del proyecto de ley para poner un freno a la motosierrra que bajo el discurso del déficit cero esconde un brutal recorte de presupuesto dirigido fundamentalmente a las políticas sociales federales que llevaba adelante nuestro organismo, desarticulando áreas claves para la asistencia y el desarrollo de todo nuestro pueblo".
Pettovello fue imputada a principios de año por el fiscal federal Franco Picardi en una denuncia por supuestos delitos con una millonaria transferencia de dinero para la compra de alimentos en el marco de un plan de lucha contra el hambre.
La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia.
Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.