Hebe Casado celebró el avance del trámite de San Jorge y su inminente desembarco en la Legislatura. Este viernes habrá una nueva marcha contra el proyecto.
Hebe Casado anunció el "inminente" envío de la DIA de San Jorge a la Legislatura.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEn la previa de una nueva marcha de las Asambleas por el Agua contra el proyecto minero San Jorge un anuncio alertó a vecinos y asambleístas: la vicegobernadora Hebe Casado dijo que es "inminente" el ingreso del trámite de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura. La funcionaria anticipó el envío del expediente en un ciclo ante empresarios vinculados al sector en el Hotel Sheraton de la Capital mendocina.
"Este viernes, vamos reforzando nuestro rechazo a Minera San Jorge y su proyecto secante, contaminante y saqueante!! Según la vicegobernadora, en unos indefinidos 'pocos días más' enviarían la DIA a la Legislatura. Sigamos demostrándoles que NO tienen Licencia Social en Mendoza, y menos aún en Uspallata", señalaron en sus redes.
El trámite de la DIA de San Jorge avanza después de la incorporación de dictámenes técnicos y de sendas audiencias en Uspallata: una organizada por el Gobierno y la minera y la otra por vecinos y asambleístas en la parroquia del pueblo. La instancia legislativa será decisiva.
Casi un mes después de la marcha contra San Jorge en las calles de Mendozaque culminó con la detención de Facundo Gollano, las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza (AMPAP) volverán a manifestarse contra el proyecto de extracción de oro y cobre en Uspallata. Será este viernes 26 de septiembre desde las 18 en el KM0 de la Capital.
La nueva marcha se inscribe en una larga resistencia territorial contra la minera, que lleva más de 15 años. San Jorge, ubicado en la zona de Uspallata-Polvaredas, no cuenta con licencia social, según reiteran las organizaciones ambientalistas que permanecen en las calles. “Sus externalidades negativas de orden ambiental, social y económico afectan a toda la cuenca del Río Mendoza”, advierten, y recuerdan que la empresa “se niega sistemáticamente a responder los cuestionamientos técnicos”.
La Asamblea de Uspallata también denunció una “alianza de hecho” entre el gobierno provincial y la corporación megaminera, que difumina los roles de control y promoción. “El bombardeo publicitario obsceno en medios pautados sobre las supuestas bondades del extractivismo implica un gasto multimillonario para las arcas fiscales, en detrimento de necesidades sociales desatendidas”, señalaron.