Facundo Gollano permanece en el calabozo del complejo Estrada después de participar en una protesta contra San Jorge este viernes.
Postal de la marcha contra San Jorge en las calles de Mendoza este viernes.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaVecinos y organizaciones socioambientales exigieron este sábado la liberación inmediata de Facundo Gollano, detenido el viernes durante una movilización pacífica en la capital mendocina contra el proyecto megaminero San Jorge. Denunciaron violencia policial, causas armadas y una campaña oficial para imponer la megaminería sin licencia social.
La detención de Facundo, vecino de Villa Hipódromo y militante ambiental de las Asambleas por el Agua, desató una ola de repudios en Mendoza. El viernes 29 de agosto, durante una manifestación pacífica en la capital provincial contra el proyecto megaminero San Jorge, Gollano fue capturado por efectivos policiales y trasladado en un vehículo sin patente, según denunciaron testigos.
“Es el tercer preso político de Alfredo Cornejo”, sintetizó el abogado Marcelo Romano, asambleísta de San Carlos y candidato a concejal por Provincias Unidas, al referirse a la detención de Gollano, de 32 años. El joven pasó la noche en un calabozo del Polo Judicial, en el complejo Estrada, donde también estuvieron detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria, encarcelados previamente por protestar contra el mismo emprendimiento minero. A Gollano le imputaron “tentativa de robo”, mientras que las causas contra Cornejo y Soria se basan en una supuesta amenaza nunca corroborada.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata calificó el hecho como una “privación ilegítima de la libertad” y responsabilizaron al Gobierno de Mendoza por “la escalada de violencia montada para imponer con mano dura el proyecto megaminero San Jorge, de Solway Holding y el Grupo Alberdi”.
Las Asambleas por el Agua (AMPAP), por su parte, exigieron la “inmediata liberación” del detenido y denunciaron “la provocación constante de la policía en nuestras manifestaciones que siempre se han desarrollado de manera pacífica”. El lema que volvió a resonar en redes y calles fue claro: “¡El agua de Mendoza no se negocia!”
La Asamblea Maipucina por el Agua también se sumó al reclamo, denunciando la criminalización de la protesta y la persecución judicial a quienes defienden los bienes comunes. “No vamos a permitir que se encarcele a quienes luchan por el agua y la vida”, expresaron en sus redes.
El reclamo se inscribe en una larga resistencia territorial que lleva más de 15 años. San Jorge, ubicado en la zona de Uspallata-Polvaredas, no cuenta con licencia social, según reiteran las organizaciones. “Sus externalidades negativas de orden ambiental, social y económico afectan a toda la cuenca del Río Mendoza”, advierten, y recuerdan que la empresa “se niega sistemáticamente a responder los cuestionamientos técnicos”.
La Asamblea de Uspallata también denunció una “alianza de hecho” entre el gobierno provincial y la corporación megaminera, que difumina los roles de control y promoción. “El bombardeo publicitario obsceno en medios pautados sobre las supuestas bondades del extractivismo implica un gasto multimillonario para las arcas fiscales, en detrimento de necesidades sociales desatendidas”, señalaron.
La Audiencia Pública del Pueblo de Uspallata, realizada el pasado 2 de agosto, volvió a evidenciar el rechazo masivo al emprendimiento minero, indicaron. “Fue certificada por escribanos públicos, contrastando con el acto oficial convocado en el predio privado de la mina”, recordaron.
La represión del viernes se suma a una serie de episodios que, según las organizaciones, configuran una política sistemática de persecución. “Las causas inventadas por el propio gobierno y avaladas por la pata judicial servil no prosperarían sin ese entramado”, afirman. En ese marco, también exigieron el desprocesamiento de Mauricio Cornejo y Federico Soria, referentes ambientales con causas abiertas.
Enumeraron una serie de demandas urgentes:
Mientras Gollano permanece detenido, las asambleas desafiaron: “Más allá de la persecución, las difamaciones y la cárcel, vamos a seguir reclamando y responsabilizando al gobierno por estas violaciones a los derechos humanos".