El 14 de agosto de 2025, Federico Soria, uno de los vecinos de Uspallata más activos contra San Jorge, fue detenido por la Policía Federal al llegar a la terminal de Neuquén. La orden de captura que motivó su arresto había sido emitida meses atrás por el Fiscal Juan Manuel Sánchez, en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de violencia durante una manifestación en Uspallata. Sin embargo, esa orden ya había sido dejada sin efecto por resolución judicial el 3 de abril. ¿Por qué seguía vigente? ¿Por qué fue detenido? ¿Quién responde por el daño?
El conflicto por San Jorge como contexto
La causa judicial se origina en una manifestación realizada en defensa del territorio frente al avance del proyecto minero San Jorge, en Uspallata. Según la acusación fiscal, Soria habría protagonizado actos violentos contra personas que apoyaban la instalación de la minera. Pero la defensa sostiene lo contrario: que fue un grupo de manifestantes vinculados a la UOCRA quienes agredieron físicamente a miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, entre ellos Flavio González, provocándole lesiones graves.
Estos hechos, afirma Guevara Escayola, están acreditados en otro expediente —el P-11616/25— que tramita en la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional. Sin embargo, el Fiscal Sánchez habría omitido deliberadamente acumular ambos expedientes, violando el principio de unidad de investigación y el deber de objetividad.
Polo Judicial - Maurico Cornejo - Federico Soria (2).jpg
Federico Soria, uno de los vecinos de Uspallata acusados en una causa por amenazas tras protestar contra San Jorge.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Retardo de justicia y omisiones sistemáticas
La denuncia detalla una serie de escritos presentados por la defensa entre mayo y agosto de 2025, solicitando el levantamiento de la orden de captura y el pronto despacho. Ninguno fue respondido en tiempo y forma. Incluso, el 11 de agosto, el propio Fiscal autorizó a Soria a viajar a Neuquén, sin advertirle que la orden seguía activa. Tres días después, fue detenido.
“Esta privación de libertad fue ilegítima, arbitraria y evitable”, sostiene Guevara Escayola. “El Fiscal omitió cumplir con sus deberes funcionales, ignoró resoluciones judiciales y construyó una imputación fragmentada, basada en hechos falsos”.
La denuncia también plantea la nulidad del decreto de avoque dictado por Sánchez, por considerarlo discriminatorio y violatorio del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensores territoriales. La denuncia también plantea la nulidad del decreto de avoque dictado por Sánchez, por considerarlo discriminatorio y violatorio del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensores territoriales.
En un párrafo especialmente duro de la demanda, apunta el defensor de Soria:
"... con la deliberada, omisión de levantar la orden de captura a pesar de haber sido dejada sin efecto por la Dra. Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N° 2, y omitir en forma sistemática proveer los escritos de la defensa, con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, el Dr. Sanchez privó ilegítimamente a mi defendido de su libertad personal, perjudicando además en forma deliberada la causa". "... con la deliberada, omisión de levantar la orden de captura a pesar de haber sido dejada sin efecto por la Dra. Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N° 2, y omitir en forma sistemática proveer los escritos de la defensa, con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, el Dr. Sanchez privó ilegítimamente a mi defendido de su libertad personal, perjudicando además en forma deliberada la causa".
Quién responde por el daño
La presentación solicita que se investigue al Fiscal por los delitos de privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis del Código Penal) y prevaricato (art. 271), en concurso ideal. También exige que se actúe conforme a los artículos 168 y 159 del Código Procesal Penal, y al artículo 28 inciso 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
El caso de Federico Soria no es solo una disputa judicial. Las Asambleas por el Agua lo consideran una alerta sobre el uso del aparato penal para criminalizar la protesta social y deslegitimar a sus referentes.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, organizaciones sociales y ambientales ya comenzaron a difundir la denuncia, exigiendo que se investigue la responsabilidad del Fiscal y se repare el daño causado.
CamScanner 21-08-2025 10.51
