Vecinos y asambleístas de Uspallata presentaron en las últimas horas los resultados de la audiencia popular en rechazo a San Jorge para que sea agregado al expediente oficial que se tramita y cuyo camino final será la discusión legislativa.
Las actas certificadas de la audiencia en la parroquia de Uspallata fueron enviadas al Gobierno. Un escribano certificó 1.592 pronunciamientos en contra.
Una postal de la audiencia popular realizada en la parroquia de Uspallata.
Luis VigazzolaVecinos y asambleístas de Uspallata presentaron en las últimas horas los resultados de la audiencia popular en rechazo a San Jorge para que sea agregado al expediente oficial que se tramita y cuyo camino final será la discusión legislativa.
Los vecinos aportaron al expediente el Acta Notarial de Constatación correspondiente a la Audiencia Pública celebrada el 2 de agosto, en la que se registraron 1.592 pronunciamientos certificados en contra del proyecto PSJ. La documentación fue enviada por correo electrónico, con copia a los directores Jerónimo Shantal (Minería) y Leonardo Fernández (Gestión y Fiscalización Ambiental).
Shantal ninguneó días atrás la audiencia popular con una sentencia: "Lo que no existe en el expediente, no existe", soltó en una entrevista radial.
"Yo contesto desde el Derecho, lo que no existe en el expediente no existe", subrayó el funcionario, en línea con lo que manifestó días atrás la ministra Jimena Latorre, quien ninguneó la audiencia organizada por los uspallatinos. "No es una audiencia, ni una audiencia paralela, es una manifestación", desestimó.
Con la incorporación de esta documentación de los pronunciamientos vecinales el Gobierno se verá obligado a tener en cuenta lo que ocurrió ese día en la parroquia de Uspallata.
Los vecinos adjuntaron también un acta extraprotocolar que recopila los 856 pronunciamientos adicionales recibidos por correo electrónico hasta el 5 de agosto, enviados por ciudadanos que no pudieron asistir presencialmente a la audiencia pero quisieron expresar su oposición.
Este acto colectivo, remarcan los vecinos, refuerza el mensaje que desde hace años distintos sectores sociales, ambientales y comunitarios vienen sosteniendo: la megaminería no tiene licencia social en Mendoza. La presentación busca no solo dejar constancia formal, sino también visibilizar el compromiso de la ciudadanía en defensa del agua, el territorio y el modelo de desarrollo que desean para su futuro.