En una nueva manifestación contra el proyecto megaminero San Jorge (PSJ), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata llevó adelante la denominada Audiencia Pública del Pueblo, un evento autogestivo y legalmente certificado que reunió a cientos de vecinos para expresar su rechazo al avance de la minería en la región.
Según denunciaron los organizadores, la audiencia oficial impulsada por el Gobierno de Mendoza y la empresa Minera San Jorge fue "un montaje ilegal, sin legitimidad, con acceso restringido y armada únicamente para eludir la licencia social".
En contrapartida, destacaron que su propia audiencia fue "abierta, sin restricciones, pacífica y auténticamente representativa del sentir popular". La asamblea ciudadana logró reunir 1.592 testimonios presenciales de personas mayores, además de 137 de menores y más de 100 dibujos infantiles, todos en contra del proyecto minero.
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Vecinos de Uspallata rechazan la minera San Jorge.
En su descargo, los asambleístas repudiaron las denuncias que los acusan de vandalismo en las líneas eléctricas locales, señalando que se trata de una “f alsa acusación armada para criminalizar la protesta ” y que ya fue denunciada judicialmente como incitación a la violencia.
“Lejos de amedrentarnos, esto nos da más argumentos para rechazar PSJ”, expresaron. “La megaminería no tiene licencia social y el pueblo de Uspallata no quiere a Minera San Jorge en su territorio”. “Lejos de amedrentarnos, esto nos da más argumentos para rechazar PSJ”, expresaron. “La megaminería no tiene licencia social y el pueblo de Uspallata no quiere a Minera San Jorge en su territorio”.
Los vecinos no bajan los brazos y continúan con la lucha
Además, durante la audiencia popular se volvió a poner en el centro del debate el proyecto de ley de iniciativa popular presentado en 2009 para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, aún con estado parlamentario, que recibió un 85% de adhesiones entre los participantes.
El comunicado también critica la realización de una audiencia pública en propiedad privada, comparándola con una “distopía simbólica”, y afirmando que se trató de “una parodia de participación ciudadana” donde incluso se colocaron precintos inviolables a quienes ingresaban.
Finalmente, la Asamblea reafirmó su compromiso con una lucha pacífica y sostenida en fundamentos científicos, legales y sociales: “Vamos a seguir insistiendo en nuestro reclamo genuino, de manera pacífica, ajustados a derecho y sostenidos en el conocimiento multidisciplinario y la autodeterminación de los pueblos”.