Este viernes, al finalizar la movilización contra el proyecto minero San Jorge, un joven músico y tatuador del barrio Judicial de Godoy Cruz fue detenid por efectivos policiales. Facundo Gollano, asambleísta y vecino de Villa Hipóodromo, fue interceptado durante la desconcentración. La escena generó un fuerte revuelo entre manifestantes que intentaron defenderlo, pero el operativo policial se impuso: Gollano (32) fue trasladado a la comisaría Sexta, donde permaneció detenido hasta pasadas las 22, y luego derivado al Polo Judicial.
A Gollano le imputaron "robo simple en grado de tentativa" tras la declaración de un grupo de policías que lo acusaron en esa dirección. Se tramita bajo el expediente 91777/25 en la Fiscalía de Capital. Está en las celdas de Estrada, junto al edificio central del Polo Judicial.
El abogado Marcelo Romano se presentó en la comisaría para asistirlo y confirmó su identidad: “Es el tercer preso político de Alfredo Cornejo ”, remarcó, en referencia a los casos de Federico Soria y Mauricio Cornejo, detenidos tras una protesta ambiental en Uspallata. Ambos activistas estuvieron privados de su libertad durante cinco semanas y tres días, respectivamente, sin que se hallaran pruebas en su contra. La denuncia había sido impulsada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, quien no aportó testigos ni evidencia concreta.
Días atrás el fiscal Juan Manuel Sánchez agravó la acusación contra ambos, endilgándoles "privación ilegítima de la libertad" de un grupo de empresarios que se refugió en la oficina de Proveedores Mineros durante la protesta.
Un patrón que se repite
Con la detención de Gollano, un patrón parece repetirse: detenciones a asambleístas u opositores, imputaciones sin sustento y desgaste judicial como forma de disciplinamiento. Fue el caso de Federico Soria y Mauricio Cornejo.
El jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, admitió que la Justicia local no tenía competencia en el caso de Soria y Cornejo, pero para cuando lo hizo, los activistas ya habían pagado con su libertad. La causa fue fogoneada por el oficialismo y respaldada por sectores empresariales vinculados al negocio minero.
La Iglesia se pronunció
La gravedad institucional llevó incluso a la Iglesia Católica a pronunciarse. El nodo argentino de la red Iglesias y Minería, junto a la Pastoral Social de Mendoza y el arzobispo Marcelo Colombo, emitieron un comunicado demoledor: “La justicia no es claramente imparcial y se pone el sistema policial y judicial en aparente servicio de las empresas y funcionarios que promueven los proyectos mineros”. A su vez, recordaron que la comunidad ya había rechazado el proyecto San Jorge en dos ocasiones, pero que se insiste en imponerlo.
Más causas abiertas contra asambleístas
Otra cara del disciplinamiento es el desgaste judicial. Nora Moyano, asambleísta de Las Heras, enfrenta causas abiertas desde 2019 por participar de una manifestación masiva contra el intento oficialista de derribar la Ley 7722. La causa, por “privación ilegítima de la libertad”, fue impulsada por Jerónimo Shantal, a quien Alfredo Cornejo nombró después en la dirección de Minería.
