El procurador Alejandro Gullé defendió la labor de los fiscales que mantuvieron en el calabozo a dos vecinos y asambleístas que protestaron contra San Jorge.
Alejandro Gullé, jefe del Ministerio Público Fiscal.
El Procurador y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, admitió ante la Bicameral de Seguridad que la justicia local carecía de competencia en el caso contra los vecinos y asambleístas de Uspallata, Mauricio Cornejo y Federico Soria. No obstante justificó las detenciones.
Ambos permanecieron detenidos durante semanas sin pruebas concluyentes en su contra, derivando la causa en severos cuestionamientos sobre la transparencia del sistema judicial y las razones políticas de las detenciones, en un contexto en que el oficialismo pelea por imponer la megaminería.
A Cornejo y Soria se los acusó por amenazas coactivas contra Edgardo Vera, titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. También se los imputó por el 213 bis del Código Penal, y en este punto es que la jueza, Claudia Tula, declaró la incompetencia de la justicia provincial.
El fiscal a cargo, Juan Manuel Sánchez, bajo las órdenes de Sebastián Capizzi, llevó la causa de manera que la competencia era entendida como provincial. Sin embargo, Gullé admitió que aquí hay grises y que se trata de delitos federales. Este caso, señalado como un engranaje político, fue criticado en un documento de la Iglesia Católica, alarmada por el nivel de persecución del oficialismo.
En su intervención, Gullé mezcló las acusaciones, vinculando el incendio provocado por Miguel Pablo "El Mostro" González con las causas de Soria y Cornejo para hablar de la comisión de delitos que consideró "gravísimos".
González, con lazos familiares en la UCR de Las Heras, que conduce el intendente Francisco Lo Presti, mantenía una vieja disputa personal con Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y aprovechó una protesta de asambleístas para atacar un local de Vera con un bidón de nafta y fuego.
La acusación contra los asambleístas se basó en el artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica como terroristas a organizaciones como las asambleas por el agua.
Señaló el Procurador que “uno de los delitos planteado, el 213 bis, es de competencia federal pero la Corte Suprema se ha cansado de dejar en claro que es competencia federal cuando hay intereses federales vulnerados, sino no”.
Por la errática actuación de los fiscales la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal que conduce Gullé.
Durante el proceso, Cornejo estuvo detenido cinco semanas, mientras que Soria permaneció prófugo antes de ser arrestado y liberado bajo fianza. La confusión en las acusaciones y la falta de pruebas han puesto en duda la eficacia del sistema judicial en casos de alta sensibilidad social, como la imposición de la megaminería.
Este caso refleja las tensiones entre la justicia, la política y las comunidades locales, dejando preguntas abiertas sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución.