Diputados avaló el pedido para que el Ministerio Público Fiscal explique las detenciones de los asambleístas de Uspallata que protestaron contra San Jorge.
La Cámara de Diputados este miércoles durante la sesión.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal sobre la actuación en la causa contra dos vecinos y asambleístas detenidos después de protagonizar protestas contra la mina San Jorge y a instancias de una denuncia de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Uspallata.
Fue en la sesión de este miércoles, donde hasta el oficialismo aceptó darle curso al pedido presentado por Jorge Difonso (LUM) en labor parlamentaria, esperando así que no escalara la discusión en el recinto. El pedido para aclarar el rol del MPF en esta causa avanzó en conjunto con otro en el mismo sentido para la imputación de los responsables de Fecovita por parte de los fiscales Juan Tichelli y su fiscal en Jefe Alejandro Iturbide.
El oficialismo apuesta a que el envío del escrito por parte del MPF que comanda Alejandro Gullé, aquiete las aguas sobre las detenciones y el tiempo que estuvieron detenidos Soria y Cornejo sin pruebas en su contra y en medio del avance del Gobierno y los dueños de San Jorge para imponer la construcción de la mina.
Sin embargo, la escalada del conflicto en Uspallata -en el que incluso salió a meterse en la discusión publica el PJ, aliado de la UCR en el tema minería- podría tener aristas inesperadas, como una citación o interpelación al propio Gullé, quien fuera designado por Alfredo Cornejo en su primera gobernación
La actuación del Ministerio Público Fiscal en la persecución y detención de dos vecinos y asambleístas de Uspallata quedó bajo la lupa tras su liberación, ocurrida por la orfandad de pruebas en su contra y merced a un video revelador y las contradicciones del denunciante.
En la audiencia en la que la jueza Claudia Tula resolvió finalmente liberarlos —después de tener a Cornejo tres semanas en un calabozo y dos en domiciliaria, y a Soria tres días detenido pese a un complejo cuadro de salud psicológico— el fiscal Sánchez, que es interino, dijo que actuó bajo las órdenes del fiscal en jefe, Sebastián Capizzi, y de su adjunta, Paula Quiroga. Todos responden, por jerarquía, a Gullé.
"La jueza no se pronunció sobre lo principal. Al dejarlos libres, reconoce que no existían elementos de prueba suficientes, aunque en la resolución dice que sí había. La liberación fue una salida porque no había sustento en la acusación de que el grupo se había puesto de acuerdo organizadamente y decidió atacar en forma violenta para combatir ideas ajenas e imponer las propias por la fuerza. Eso se cayó", resumió Guevara a ElEditor Mendoza.
"El fiscal tuvo un comportamiento errático porque, como no encontró pruebas, citó cuatro veces para tratar de tener un relato ordenado —resumió por su parte Civit en una entrevista radial—. Hay tres momentos en los que Vera trata de hacer creer que existieron esas amenazas. La primera en septiembre de 2024, donde dice que hay improperios pero no menciona ni a Soria ni a Cornejo. El 24 de enero dice que lo amenazan ellos dos y lleva videos, pero admite que en los vídeos ellos no se ven".
Después, Vera aseguró que Soria lo empezó a amenazar a las 8 de la mañana del 24 de enero, pero en ese momento él estaba en una junta médica, como reveló a ElEditor Mendoza ese mismo día vía telefónica.