Esta ley busca solucionar la situación de acceder a la escritura traslativa de dominio a más de 40.000 familias a través del Instituto Provincial de la Vivienda
Con la sanción definitiva de esta ley, miles de mendocinos estarán más cerca de convertirse en propietarios formales de sus viviendas, un derecho largamente postergado para muchas familias.
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la ley que crea el programa provincial “Mi Escritura”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Mendoza que permitirá regularizar la situación dominial de más de 40.000 familias. La medida representa un paso fundamental para resolver una deuda habitacional histórica en la provincia.
Durante la sesión, el senador Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, remarcó la trascendencia de la normativa. “Busca solucionar la situación de acceder a la escritura traslativa de dominio a más de 40.000 familias mendocinas a través del Instituto Provincial de la Vivienda”, expresó.
El programa contempla beneficios clave como la exención del pago de tasas, la posibilidad de escriturar aun con deudas, siempre que sean asumidas por los beneficiarios, y mecanismos de repago accesibles. Están alcanzados los inmuebles comprendidos por las leyes Nº 8.475 y Nº 9.602, aquellos registrados a nombre del Instituto Provincial de la Vivienda(IPV) o pertenecientes a entidades intermedias que hayan recibido créditos del organismo.
La ejecución estará a cargo de escribanos regularizadores o de Registros Públicos, según corresponda, y será coordinada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a través de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DIGEBIRE) junto con el IPV.
Ambas entidades estarán habilitadas para crear la Unidad Ejecutora del Programa sin impacto presupuestario, y definirán la modalidad de repago. En caso de incumplimiento, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) podrá intervenir para el recupero de lo adeudado.
La normativa también habilita la firma de convenios con colegios profesionales, municipios, AySAM y otros prestadores de servicios, para optimizar recursos y asegurar la implementación del programa.
Con la sanción definitiva de esta ley, miles de mendocinos estarán más cerca de convertirse en propietarios formales de sus viviendas, un derecho largamente postergado para muchas familias.