La Legislatura aprobó la declaración de emergencia de Los Nihuiles por 14 meses. Legisladores opositores reclaman mayor transparencia y control.
La oposición cuestionó la falta de precisiones técnicas y temen contrataciones directas sin control en Los Nihuiles.
foto de archivoTras un intenso debate, la Legislatura provincial sancionó la ley que declara la emergencia del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles por un plazo de 14 meses. La medida busca agilizar la recuperación de infraestructura clave dañada por un evento climático extremo en enero. La oposición cuestionó la falta de precisiones técnicas y temen contrataciones directas sin control.
El proyecto aprobado, enviado por el Poder Ejecutivo de Mendoza, fue votado este miércoles por la Cámara de Diputados con 29 votos afirmativos, 16 negativos y 2 ausencias. Declara la emergencia del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel, uno de los principales abastecedores de energía en el sur provincial. También alcanza al sistema del río Diamante, ampliando el alcance de la norma.
La urgencia legislativa se enmarca en el aluvión ocurrido el 11 de enero, cuando intensas lluvias generaron un caudal superior a los 1.500 metros cúbicos por segundo, superando ampliamente los 600 m³/s para los cuales se diseñaron las centrales.
Como consecuencia del aluvión, las plantas Nihuil II y Nihuil III quedaron fuera de funcionamiento, y se produjeron graves daños en transformadores, turbinas, caminos de acceso y equipamiento auxiliar.
La ley aprobada autoriza la continuidad operativa de las empresas concesionarias actuales (HINISA e HIDISA) mientras se avanza con las tareas de evaluación de daños y obras de reparación.
La ley faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante una licitación conjunta para una nueva concesión, por hasta 30 años, con control provincial del recurso, actualización de cánones y exigencias ambientales.
Otra de las disposiciones clave es que el Gobierno podrá realizar contrataciones directas, saltándose procesos ordinarios de licitación, bajo el argumento de necesidad y urgencia, algo que generó fuertes cuestionamientos.
Durante el debate en el recinto, legisladores de distintas bancadas opositoras, entre ellos el PJ, el Partido Verde y el bloque de los Jubilados, plantearon serias objeciones a la falta de informes técnicos actualizados sobre los daños, el costo total de las obras y los mecanismos de control previstos en la ley.
Desde el Frente de Todos, el diputado Germán Gómez acusó al oficialismo de "mezclar temas" al incluir el sistema del río Diamante en el mismo expediente. Advirtió que “sin diagnósticos definitivos ni precisiones presupuestarias, no se puede acompañar una emergencia con cheque en blanco”.
La diputada Jimena Cogo (PRO) coincidió en que aún no se explicitaron las acciones concretas ni los recursos disponibles, y pidió un plan detallado de intervención. Desde el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto alertó sobre la posibilidad de que se utilice la emergencia para favorecer intereses privados sin mejorar el servicio eléctrico a la población.
También hubo críticas sobre la ausencia de una política hídrica integral y de previsiones ante el cambio climático. Gabriela Lizana (FRLN) expresó que Mendoza debe avanzar en planes hídricos y esquemas de aseguramiento ante eventos extremos, en lugar de depender exclusivamente del resarcimiento de seguros.
Desde el bloque de la UCR, los diputados Jorge López y José Manuel Vilches defendieron el proyecto argumentando que se trata de una emergencia “imprevisible, extraordinaria y con impacto directo en la seguridad energética de miles de mendocinos”. Remarcaron que el Ejecutivo necesita facultades extraordinarias para actuar con celeridad y que se están realizando tareas de limpieza y remediación junto a Vialidad, Hidráulica y otros organismos.
La ministra de Energía, Jimena Latorre, había explicado días atrás en comisiones que las tareas de reparación tienen una duración estimada de 90 días, pero que aún no se puede estimar el daño total ni los montos a invertir hasta que no finalice la remediación y se defina el resarcimiento de la aseguradora.
El oficialismo argumentó que esta ley no altera la legislación vigente ni los compromisos previos de concesión, sino que detiene los plazos para poder definir el nuevo esquema jurídico y técnico del sistema hidroeléctrico, mientras se garantiza la provisión de energía en una región clave del sur provincial.
Con la ley ya sancionada, el Gobierno de Mendoza podrá avanzar en los próximos meses con el relevamiento técnico, el análisis de daños, la negociación con las aseguradoras y el diseño del futuro modelo de concesión de los sistemas Los Nihuiles y Diamante.
Si bien la norma no define plazos para una nueva licitación, establece que será el Ejecutivo quien determine el momento oportuno.
En paralelo, se buscará garantizar el abastecimiento energético durante la temporada invernal y reducir los riesgos de cortes, especialmente en departamentos como San Rafael, General Alvear y Malargüe.