La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una modificación clave a la Ley N° 7.538, impulsada por el legislador Franco Ambrosini (UCR), que busca garantizar que las facturas y tickets emitidos al consumidor final incluyan los canales de contacto actualizados de la Dirección de Defensa del Consumidor, reemplazando el antiguo número 0-800 que ya no funciona.
Una ley para garantizar reclamos efectivos en Mendoza
La iniciativa modifica los artículos 1° y 2° de la Ley de Defensa del Consumidor provincial, con el objetivo de actualizar los medios de contacto visibles en los comprobantes de compra.
Hasta ahora, la ley obligaba a incluir el número 0-800-222-6678, que por diversas razones dejó de estar operativo.
El proyecto de Ambrosini establece que, a partir de la sanción definitiva, los comercios deberán imprimir en las facturas y tickets “el número de teléfono gratuito y/o canal digital de denuncias” que la autoridad de aplicación determine.
Además, la Dirección de Defensa del Consumidor tendrá la obligación de actualizar periódicamente esta información y asegurar su correcto funcionamiento.
“Se trata de una modificación de gran utilidad práctica, ya que facilitará el acceso de los ciudadanos a los organismos encargados de velar por la protección de sus derechos”, destacó el legislador.
Canales digitales y nuevos medios para denunciar
Con la actualización normativa, la provincia busca modernizar la atención a los consumidores mediante plataformas digitales y líneas activas, como el canal web oficial y la línea 144, que ya funcionan como vías de contacto.
La propuesta también prevé que la autoridad competente sea la encargada de definir el texto y formato de impresión que deberán contener las facturas y tickets, garantizando su legibilidad y difusión en todo el territorio provincial.
Datos y estadísticas sobre reclamos en Mendoza
Según datos de la Dirección de Defensa del Consumidor, durante 2024 se registraron más de 21.000 reclamos en Mendoza, principalmente por servicios financieros, telefonía y comercio electrónico.
De ese total, el 65% de los casos se resolvió mediante conciliación entre las partes.