Impulsa cambios en la Ley 6920 que reconoce tierras ancestrales huarpes. Las comunidades esperan ser escuchadas por el Senado en la nueva etapa.
El proyecto será debatido en próximos encuentros de comisión del Senado y, según se informó, las comunidades huarpes serán invitadas.
El Senado de Mendoza dio inicio a un nuevo capítulo en el tratamiento de la Ley 6920, que desde 2002 reconoce la preexistencia del pueblo Huarpe Milcallac y propone la expropiación de tierras ancestrales. El Ejecutivo busca derogar parcialmente la norma, argumentando su inviabilidad técnica, mientras las comunidades esperan ser convocadas para dar su versión.
Durante una reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el fiscal de Estado, Fernando Simón, justificaron el proyecto de derogación parcial de la Ley N.º 6920.
Según los funcionarios, la norma es de "cumplimiento imposible" debido a la complejidad del proceso de expropiación, que involucra más de 870.000 hectáreas y más de 500 titulares registrales.
Entre los principales obstáculos mencionados, se destacan la falta de datos catastrales precisos, la superposición de títulos y la imposibilidad de notificar a todos los involucrados. Esto, explicaron, bloquea tanto el avance judicial como la implementación de alternativas que podrían permitir la transferencia efectiva de tierras a las comunidades huarpes.
Además, advirtieron sobre el impacto económico y legal de una medida de tal magnitud, especialmente si no se pueden garantizar los derechos de terceros que hoy desarrollan actividades en la zona.
La iniciativa busca derogar los artículos que ordenan la expropiación, aunque preserva la adjudicación ya realizada de más de 100.000 hectáreas fiscales en 2010 (Decreto N.º 633). Si bien se anunció que próximamente se convocará a las comunidades huarpes para avanzar en una nueva propuesta consensuada, hasta el momento las voces originarias no han sido protagonistas del debate legislativo.
Esto genera preocupación entre referentes indígenas y organizaciones de derechos humanos, que recuerdan que la consulta previa, libre e informada es un derecho constitucional e internacionalmente reconocido para los pueblos originarios en temas que los afectan.
Desde el Gobierno, se insiste en que el espíritu de la ley sigue vigente y que los cambios propuestos buscan una solución “realista y efectiva”. Sin embargo, las comunidades esperan claridad sobre cómo se garantizarán sus derechos ancestrales en este nuevo marco legal.
La Ley 6920 fue sancionada en 2002 con el objetivo de reconocer y transferir tierras a comunidades huarpes con ocupación ancestral en el departamento de Lavalle. El proceso, sin embargo, se estancó judicialmente y enfrenta múltiples desafíos técnicos. Mientras tanto, la falta de seguridad jurídica sobre los territorios ha generado conflictos y tensiones crecientes en zonas rurales.
El proyecto será debatido en próximos encuentros de comisión y, según se informó, las comunidades huarpes serán invitadas a participar en instancias de diálogo político y técnico.