Buscan restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a bebidas energizantes en todo el país. Causan sueño, ansiedad, irritabilidad, entre otros.
Las bebidas energizantes son muy populares entre los adolescentes y jóvenes porque no tienen restricción de venta.
La creciente popularidad de las bebidas energizantes entre adolescentes encendió una nueva alarma en el Congreso Nacional. La diputada salteña Yolanda Vega, representante del bloque Innovación Federal, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la venta, entrega y comercialización de estos productos a menores de 18 años en todo el territorio argentino.
La iniciativa apunta a establecer límites claros frente a un consumo que, según especialistas, no está exento de riesgos. Vega fue tajante en su diagnóstico:
Pero la advertencia no se limita a los efectos fisiológicos. Vega también alertó sobre una práctica extendida entre los más jóvenes: el consumo combinado de energizantes con alcohol. “Genera una falsa sensación de sobriedad que puede desencadenar conductas de riesgo”, subrayó.
Frente a este escenario, la diputada dejó en claro que el proyecto no apunta a estigmatizar el producto. “Esta ley no busca demonizar un producto legal, sino establecer criterios de protección adecuados para una población vulnerable, como ya ocurre con el tabaco o el alcohol”, explicó Vega.
La propuesta contempla que todos los puntos de venta —desde kioscos hasta plataformas de e-commerce— verifiquen la mayoría de edad del comprador mediante un documento oficial antes de concretar cualquier transacción. En caso de incumplimiento, se establecen sanciones que incluyen multas económicas, clausura del local y penas agravadas en caso de reincidencia.
El proyecto establece que el Ministerio de Salud de la Nación será la autoridad de aplicación, y estará encargado de coordinar esfuerzos con provincias y municipios. Además, se prevé el desarrollo de campañas de concientización en escuelas y medios de comunicación para informar a la población joven sobre los efectos de estas bebidas.
Aunque algunas jurisdicciones, como Mendoza, Córdoba o Tierra del Fuego, ya han avanzado con normativas locales, Vega consideró esencial unificar criterios a través de una ley nacional. “Es necesario contar con una legislación nacional que garantice una protección efectiva”, señaló, al tiempo que recordó que el proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma.
Una vez aprobada, la ley deberá ser reglamentada en un plazo de 90 días.
Con esta iniciativa, Vega se suma a una tendencia global que busca limitar el acceso de los menores a productos que, si bien legales, pueden acarrear graves consecuencias cuando se consumen de forma desinformada o sin supervisión. En países como Lituania, Letonia y Polonia ya existen restricciones similares, y el debate también avanza en otras naciones europeas y latinoamericanas.