En plena crisis y con más personas viviendo en la calle o rebuscándosela para comer, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este lunes que comenzará a sancionar a quienes revuelvan basura en los contenedores de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hará mediante operativos de la Policía de la Ciudad, que ya comenzaron a intervenir en distintas zonas.
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“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, escribió el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter), acompañado de un video donde se ve a efectivos requisando personas y ordenándoles devolver la basura al tacho.
La medida se conoce en medio de un fuerte ajuste económico nacional, con más personas buscando alimentos entre los residuos, y a semanas de una nueva disputa electoral con el sector libertario en la Ciudad. El trasfondo político también es evidente: se trata de un intento de mostrar autoridad y control sobre el espacio público, ante los embates del bloque de Karina Milei y Pilar Ramírez en la Legislatura, que han tensado al oficialismo porteño en más de una votación clave.
¿Suciedad o pobreza?: el problema estructural detrás de los contenedores
Desde el Gobierno explicaron que la decisión responde a "reclamos reiterados de los vecinos" por la suciedad en torno a los contenedores. Sin embargo, las imágenes que compartió el propio Jorge Macri en sus redes sociales dejan ver una realidad más compleja: personas visiblemente pobres, requisadas, y obligadas a devolver bolsas de basura al interior de tachos cerrados con sistemas “antivandálicos”.
De acuerdo con datos oficiales, en la Ciudad hay más de 33.000 contenedores, de los cuales 7.000 ya cuentan con un sistema tipo buzón, que impide sacar basura o introducirse en su interior. Según el Ministerio de Espacio Público, en el primer semestre de 2025 se reportaron más de 25.000 actos de vandalismo, una cifra que el Gobierno atribuye en parte a quienes "sacan basura de forma indebida".
Sin embargo, la medida no distingue entre personas en situación de calle, cartoneros u otros actores del circuito informal. Y allí surgen las críticas: ¿la respuesta del Estado a la pobreza es multar y vigilar? ¿Cuál es el límite entre cuidar el orden urbano y criminalizar la marginalidad?
El Código Contravencional y las sanciones económicas
Según el artículo 94 del Código Contravencional de CABA, quien ensucie o dañe bienes públicos o privados puede ser sancionado con entre uno y quince días de trabajos comunitarios o multas que van desde $59.261 hasta casi $900.000, dependiendo del caso. La norma, que originalmente apuntaba a actos de vandalismo, ahora podría aplicarse a personas que remueven basura por necesidad.
Organizaciones sociales y de derechos humanos ya comenzaron a manifestarse en contra de la iniciativa, que consideran "estigmatizante, clasista e ineficaz". Mientras tanto, la ciudad sigue sumando aperturas antivandálicas en sus tachos y operativos policiales para “prevenir la suciedad”.